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Ley de Reversión agudizará la crisis en el sector minero - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
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Jueves 26 de septiembre de 2013

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Jueves 26 de septiembre de 2013
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Ley de Reversión agudizará la crisis en el sector minero
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Bolivia - Nacional

Según análisis de expertos

Ley de Reversión agudizará la crisis en el sector minero

26 sep 2013

Fuente: La Paz, 25 (ANF).-

La aplicación de la Ley de Reversión de Derechos Mineros ahondará la crisis de la minería nacional y la falta de inversiones, consideraron dos exviceministros de Minería, el presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia y un investigador social, quienes fueron entrevistados durante la última sesión del Club de Minería realizado en la sede de Gobierno.

Guillermo Cortez, geólogo minero, consultor y exviceministro de Minería, dijo que esta norma se constituye en un retroceso para el sector minero, más aún cuando el 2 por ciento del potencial mineralógico nacional se encuentra bajo concesión y si se da lugar a reversión a favor del Estado; se reducirá al 1 por ciento, cuando más del 40 por ciento del país cuenta con reservas mineras.

“No creo que sea la manera de encarar un desarrollo minero, decir recuperación, ¿recuperar en qué sentido? Porque el decir ahora es del Estado, sabiendo que el Estado, con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), tiene miles de cuadrículas que no son trabajadas, hay un contrasentido… No creemos que podamos ver trabajo ahí porque simplemente no hay seguridad, no hay capital, no hay inversión”, dijo.

“Para mí en términos generales ese un retroceso, porque lo que se trataba era de empujar la actividad minera y no de reducirla, ahora estamos más o menos, el 2 por ciento del territorio está bajo concesión, con este esquema estamos bajando al menos del 1 por ciento. Yo no creo que podamos decir país minero, cuando sólo el 1 por ciento del territorio es aprovechado, cuando más del 30 a 40 por ciento está mineralizado”, sostuvo.

El Gobierno determinó la semana pasada analizar la reversión de unas 2.900 concesiones mineras a favor del Estado, que estarían inactivas y cuya mayoría pertenece al sector privado. La Ley de Reversión de Derechos Mineros establece “la pérdida de derechos ante la inexistencia verificada de actividades mineras”. La norma exime a la Comibol, empresas unipersonales y cooperativas con menos de 250 hectáreas.

El Presidente Evo Morales dijo, tras promulgar esta Ley que en el país existen cerca de 7.000 concesiones privadas, estatales y colectivas: “Las empresas privadas por demás conocidas, de todas vamos a recuperar el 70 por ciento de estas inversiones, y volverán al pueblo boliviano… No se tiene por qué indemnizar a esos concesionarios, eso es para el pueblo boliviano”.

MALA SEÑAL

Por su parte, el presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia, Oswaldo Arce Burgoa, dijo que la Ley de Reversión de Derechos Mineros se constituye en una mala señal para los inversionistas nacionales y extranjeros, pues considera que las autoridades debían dar un tiempo prudencial para que las concesiones se reactiven y no poner en vigencia esta norma que auyentará a los inversionistas.

“No se puede poner a todos en la misma bolsa, porque hay empresas muy responsables que están haciendo un trabajo determinado, que sabemos que están operando, que tienen concesiones que pueden ser exploradas o están siendo exploradas, pero también hay otro grupo de concesiones que no se ha hecho ningún trabajo y que tal vez se han quedado como propiedades que en algún momento se explorarán”, sostuvo.

“Entonces lo que se debía hacer primeramente es hacer una especie de auditoría para ver en qué sectores mineralizados se encuentran estas concesiones que no están activadas y obviamente dar un plazo para que las mismas sean reactivadas”, manifestó el experto, al señalar que la minería boliviana está atrasada en comparación al Perú, por ejemplo, que tiene las mismas condiciones geológicas y cuenta con 150 minas grandes y medianas, “mientras que Bolivia sólo cuenta con cuatro”.

Ambos expertos consideran que no existe actividad minera en cerca de 3.000 de las 7.000 concesiones, porque las empresas no invierten en su desarrollo, debido a la inseguridad jurídica, temor a la estatización con pérdida de derechos adquiridos, altos impuestos, toma de yacimientos, incertidumbre de la legislación minera y por la existencia de indefinición del régimen impositivo.

Fuente: La Paz, 25 (ANF).-
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