Venezuela fuera del sistema interamericano de derechos humanos

A cierto tipo de regímenes –ciertamente a los autoritarios– les causa mucha incomodidad la acción que desarrollan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, DC, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de esos gobiernos había resuelto retirarse permanentemente de este sistema. Venezuela es el primer país en concretar su retiro, al cumplirse el plazo de un año de la denuncia presentada por Hugo Chávez de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) suscrita el 22 de noviembre de 1972; denuncia que el desaparecido presidente procuraba justificar afirmando que la CIDH “es un mecanismo que usa Estados Unidos contra nosotros".

Varios organismos no gubernamentales dedicados a la defensa de los derechos humanos, han expresado su preocupación porque esta medida vaya a servir a la línea dura del chavismo supérstite, y se atropellen, aun con mayor rudeza, las libertades democráticas, teniendo en cuenta la sumisión de la justicia venezolana al poder en manos de los “bolivarianos”. Esta preocupación se basa en la experiencia de más de 14 años de gobierno “bolivariano”, que ha violado con frecuencia los derechos y las garantías de sus ciudadanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a tiempo de lamentar que el gobierno de Venezuela, desoyendo el clamor que le inducía a levantar su denuncia de la Convención de Derechos Humanos de 1972, en un comunicado del 10 de septiembre ha expresado “su profunda preocupación por el efecto que produce la entrada en vigencia de la denuncia, esto es, que las violaciones a derechos humanos que pudieran ocurrir en Venezuela después del 10 de septiembre de 2013, no podrán ser conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ello va en detrimento de la protección de los derechos de los y las habitantes de Venezuela, quienes pierden una instancia de protección de sus derechos humanos.”

Por su parte, CNN en Español acaba de publicar el historial de condenas contra el gobierno venezolano por violaciones de los derechos humanos: “Venezuela ha recibido 15 condenas en la corte por ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares, destituciones irregulares de funcionarios y violaciones a la libertad de expresión. Según reportes de la prensa, 13 tienen pendientes reparaciones a las víctimas.”

“Otros casos emblemáticos –afirma CNN– son las condenas en 2011 por violación de derechos políticos a Leopoldo López, entonces presidenciable de la oposición, inhabilitado para ejercer cargos tras ser acusado por el gobierno de corrupción”. “El gobierno de Venezuela también fue condenado por la masacre de 14 campesinos en 1996, conocida como El Amparo, y la represión policial y militar en la ola de protestas en 1989 que dejó cientos de muertos (El Caracazo), así como ejecuciones cometidas por policías en 2001 y entre 1998 y 2012.”

Venezuela está sumida en una prolongada y angustiosa crisis. No se dice nada nuevo cuando se afirma que en este país, el más rico de América Latina por su potencial petrolífero, la población está sufriendo agudas carencias. La comunicadora Mariana Bacalao señaló, en este sentido, que en el país "hay una percepción colectiva de fracaso de los grandes planes del gobierno, plan Soberanía Alimentaria, Patria Segura (...) Si algo nos está unificando es la percepción de que el país está mal". Por su parte, el especialista en políticas públicas, Richard Obuchi, afirmó: "Lo más evidente es que el gobierno no está dando ningún estudio de opinión positivo (...) Las encuestadoras están reflejando un empeoramiento de la situación del país. ¿Qué es esto de eficiencia o nada después de 14 años?", cuestionó Richard Obuchi”. Finalmente, Bacalao, dijo que "el tema de la protesta es clave, frente a la desidia, al abandono. Hay un sentido de retomar la calle para exigir lo que nos pertenece". (El Diario de Caracas. 10 de septiembre de 2013).

A medida que se prolonga la crisis y que el chavismo siga empecinado en culpar a la oposición y a Estados Unidos por las carencias que son producto de su ineficiencia, los peligros aumentan y, con ello, surge el riesgo de que el gobierno de Maduro, acorralado por los problemas que no puede resolver, apele a una muy sañuda persecución contra los que protestan y piden soluciones. Precisamente, para sentirse con las manos libres para reprimir, el gobierno de Maduro ha ratificado la decisión de Chávez de retiro del sistema de derechos humanos, que ya sabía que las cosas iban mal para él y para el país. Era algo así como “Aprés moi, le déluge” (Después de mi el diluvio), como dijo Luis XV.