La puesta en marcha del plan denominado “Chachapuma” destinado a garantizar la seguridad ciudadana y evitar el excesivo consumo de alcohol, regular el tráfico de automotores, controlar a las personas indocumentadas, la trata y tráfico de personas, así como la delincuencia, resulta ser interesante si realmente cumplen sus objetivos.
Lo que preocupa es que los propietarios y choferes de vehículos del transporte público hagan gala de su autoritarismo, prepotencia, mala educación y hasta desacato de las normas que dicta la autoridad, perjudicando a la población al suspender sus servicios “por no estar de acuerdo con el Plan Chachapuma”, como ocurrió el pasado viernes 6. Eso es abuso y chantaje.
Lamentablemente esa acción no la ejercen sólo contra la Policía que despliega sus efectivos en varias zonas de la ciudad para cumplir a cabalidad la misión encomendada, sino contra el ciudadano de a pie que requiere utilizar los servicios de transporte para movilizarse en la ciudad, contra los niños y jóvenes que requieren llegar a sus establecimientos educativos y contra todos los usuarios del transporte público, con más perjuicio para los viajeros y conductores de vehículos particulares.
Sin embargo, resulta importante consultar a las autoridades policiales porqué los dueños de los vehículos de trasporte público pueden bloquear las principales bocacalles de la ciudad, sin ser sancionados ni siquiera amonestados y permitirles además que obstruyan las principales vías cuando se les ocurre. Si actuaran así los propietarios de vehículos particulares, con seguridad la institución del Orden tendría la oportunidad para agotar sus talonarios de boletas de infracción, que sólo utilizan para sancionar a particulares, más casi nunca a los confederados.
Ese hecho podría tipificarse como acto de discriminación, porque la boleta de infracción es colocada sólo para sancionar a los conductores de vehículos de servicio particular que se estacionan en las calles del casco viejo de la ciudad por haber infringido el Art. 380.40 del Código Nacional de Tránsito, en estricto cumplimiento de la Ordenanza Municipal 12/2002, anunciando además que a partir de este lunes utilizarán grúas para retirar de las aceras los automotores que estén en “sitios prohibidos”. Sin embargo no se actúa igual para sancionar a quienes obstruyen el tráfico y bloquean con sus minibuses.
Empero las autoridades policiales al parecer ignoran, que también deben sancionar por la agresión o faltar a la autoridad, por agresión recíproca entre conductor y usuario, por viajar sin equipo, herramientas, señales de emergencia e implementos de auxilio, por conducir vehículos con un solo farol, por no observar las señales de tránsito, por no presentarse a las inspecciones de tránsito (en el caso de los transportistas de servicio público que recogen el “paquete” de las rosetas de inspección sin cumplir con la revisión técnica de los automotores), por desacato a la autoridad, por proseguir la marcha del vehículo cuando el semáforo está con luz roja (pararse y obstruir la circulación cuando el semáforo está con luz verde), cuando los minibusistas quieren “arrastrar” a sus colegas transportistas para disputarse los pasajeros y formando una larga fila por el centro de la calzada.
Hay otras infracciones como negarse sin causa justificada a llevar pasajeros, o recoger pasajeros en medio de la calzada, por estacionar (pararse) incorrectamente en vías urbanas, por usar la bocina en forma indebida, por no conservar la derecha, por no dar preferencia al vehículo de la avenida, por cambiar de carril haciéndolo en forma imprudente y por no respetar las líneas del recorrido, todas sanciones estipuladas en el Código de Tránsito que no siempre se hacen cumplir o respetar.
A esto se suma la prepotencia de los transportistas, cuando por ejemplo: por la nueva habilitación de vías del plan de ordenamiento vehicular se dispuso que la calle Camacho desde la Caro y hasta la Murguía sea vía de una sola ruta con orientación de norte a sur, pues los conductores de los microbuses de la línea amarilla son los únicos que gozan del privilegio de circular en contra ruta, vale decir de sur a norte, sin que ninguna autoridad policial sancione ese hecho. Lo mismo ocurre en la avenida del Ejército, donde existe señalización que prohíbe dar la vuelta en “U” y solamente los minibuses pueden transgredir esa norma, sin ser sancionados.
Por último es importante hacer notar que se puede aplicar un plan de ordenamiento vehicular, si se tienen los parqueos adecuados, los sitios de estacionamiento establecidos y lo que es más, si se educa a los conductores para que no existan en calles céntricas de la ciudad los vehículos estacionados inclusive en ambas aceras, dejando un espacio reducido y angosto para la circulación por la calzada.
Si se quiere ordenar el tráfico habrá que comenzar por educar a la población y los conductores con preferencia, para que así todos cumplan las normas y no existan unos pocos privilegiados que cuando les piden respetar las reglas que existen para el tráfico vehicular, se dediquen a bloquear las calles, en perjuicio de la población, hecho que también merece una sanción para recuperar el principio de autoridad, que se ha perdido en Oruro hace mucho tiempo.
Como bien se dice en el adagio popular, la caridad empieza por casa, así que las autoridades policiales, si se trata de despejar las aceras del casco viejo de la ciudad, tampoco podrán parquear sus motorizados al frente del edificio del Comando de Policía en las calles Washington y Bolívar, además tener sus vehículos patrulleros en perfecto estado de funcionamiento y los patrulleros para conducir sus motocicletas utilizar casco. Ojalá esa realidad algún día cambie y podamos tener un adecuado y ordenado tráfico vehicular en la ciudad, cuando todos cumplan y respeten la norma y a la autoridad.
(*) Periodista
lapalabraencarnada@bolivia.com
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