La falta de interrelación directa entre determinadas autoridades de Gobierno y los dirigentes de los organismos que cobijan a los propietarios de medios y a los periodistas para analizar, debatir y consensuar criterios antes de aplicar a “raja tabla” como alguien calificó a la forma de querer imponer una ley, está derivando en acciones que no son las mejores, pero quizás las únicas que en un momento dado pueden obtener respuestas.
Se trata de movilizaciones que se han efectuado a nivel nacional en rechazo a la pretendida intención de aprobar una norma que vulnere la libertad de prensa al regular el derecho a obtener la información correcta que se origina en el amplio escenario de la administración pública.
Se han hecho muchos intentos por alcanzar un contacto lo más próximo posible entre los interesados en el tema y los protagonistas de la acción en la práctica, lamentablemente las respuestas no han sido las más positivas y prácticas, dejando un vacío que debe ser superado para que la normativa tenga utilidad y en respeto a los derechos ciudadanos no existan cortapisas que alteren el curso de importantes investigaciones que tienen que ver de manera especial con los procesos en curso por corrupción administrativa.
Los medios de comunicación y los periodistas también saben perfectamente las limitaciones existentes cuando se trata de asuntos verazmente reservados y que puedan afectar la seguridad nacional esos temas no son publicables, pero aquellos que por cierto tipo de intereses más políticos que legales, se pretende “guardarlos”, significa una alteración del derecho de acceso a la información para interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva, en abierta infracción del Art 21, inc 6, consignado en la Constitución Política del Estado (CPE).
El periodismo en conjunto necesita debatir sobre el delicado problema, pues se trata de poner en tapete de discusión una posibilidad planteada por el Gobierno para restringir a los periodistas y los medios poder informar a la comunidad sobre el desempeño de las acciones y responsabilidades de los gobernantes, más aún si existen problemas que afecten como dicen los analistas “la cosa pública”… esa cosa que tiene que ver con toda la colectividad.
Ahora bien, hay que reiterarlo es natural que exista un marco de excepciones que se supone debe ser mínimo y corto, fuera de las limitaciones ya señaladas Lo que se plantea es que para evitar ambigüedades se definan clara y concretamente las excepciones con sujeción a pruebas estrictas de posibles daños al interés público. Parece que este detalle es el que no se quiere reconocer y es motivo de profunda preocupación, pero también de molestia en los círculos próximos a los medios y los periodistas.
En pasados días se han denunciado nuevos intentos de controlar, regular y hasta aplicar sanciones municipales a la programación de algunos medios audio visuales e inclusive la prensa escrita, hecho que sucedido en Santa Cruz colmó la paciencia de los periodistas que han denunciado abiertamente la intención de acallar la información y ponerla al servicio de sectores de poder político en franca vulneración de los derechos vigentes que amparan la libertad de expresión y de prensa.
Más allá de las restricciones que se pretenden imponer, inclusive sobre los que están señalados en la CPE, es importante recordar que en este tema prevalecen los tratados e instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene preeminencia sobre cualquier Constitución.
Fuente: LA PATRIA
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