Jueves 05 de septiembre de 2013
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Durante las dictaduras, obtener información de las empresas públicas era poco menos que imposible por una razón: la mayoría de los funcionarios estatales, particularmente los jerarcas, estaban delinquiendo. Si las dictaduras eran, de hecho, gobiernos ilegales, entonces todo lo que hacían estaba revestido de ilegalidad. Y, como todos sabemos, durante las dictaduras no sólo se robó el dinero del Estado en grandes cantidades sino que, además, se cometieron delitos contra las personas como torturas, asesinatos y masacres. ¿Quedaron pruebas de sus crímenes?... Sí. No importa cuán ilegal sea un régimen, siempre deja huella y era por eso que, cuando había cambio de gobierno, una de las primeras tareas era desaparecer la documentación comprometedora.
Empero, el fuego no puede devorarlo todo cuando la documentación está dispersa y, pese a los esfuerzos de los gobernantes, un investigador paciente y acucioso puede encontrar las huellas salvadas de la destrucción. Ese fue, por ejemplo, el caso del periodista Antonio Miranda quien tuvo acceso a pruebas del contrato privado que la junta de comandantes de la dictadura garciamecista suscribió con la empresa brasileña Rummy Ltda. para la explotación de las piedras semipreciosas de La Gaiba. Pocos conocen la historia detrás de esa investigación, que se publicó en el periódico “Meridiano”, pero más saben que los documentos fueron obtenidos a través de funcionarios públicos.
