En pasados días, el diputado uninominal Marcelo Elío del MAS, ha publicitado a través de los medios de comunicación, su decisión de instaurar querella penal en contra de cinco periodistas, arguyendo que estos y otros no identificados idóneamente en su querella le demuestren que él dijo: “que tiene vergüenza de ser Orureño”, precisando incluso que estos continuaron mellando “su dignidad hasta hace poco” lo que indudablemente generó una cohesión del Sindicato de Trabajadores de la Prensa en defensa de los periodistas y reproche de la ciudadanía e instituciones cívicas y laborales frente aquella decisión tomada, sin embargo dada las características de la querella, el contexto en que lo presenta, la manera como presenta sin duda nos lleva a algunas reflexiones que no deseamos pasar de largo.
En febrero y marzo del 2013, el pueblo de Oruro, se movilizó en contra de la decisión de la Asamblea Legislativa Departamental por la imposición del cambio de nombre del Aeropuerto de Oruro Juan Mendoza por el de Evo Morales, Elío obviamente en aquel momento optó como muchos otros de la Asamblea Legislativa Departamental (ALDO) y el propio Gobernador, por respaldar la decisión de la ALDO, en contra de la voluntad de sus electores, peor la situación de Elío, cuando el casco viejo de la ciudad constituida en Circunscripción 33 por la que es diputado abiertamente rechazó la decisión del cambio de nombre, las características de la C-33, no es la misma a la de la C-35, por ejemplo.
Elío, llego a la calidad de diputado con el 40% de respaldo de la ciudadanía de aquella circunscripción y en febrero y marzo del 2013 por las características socio económicas de la C-33 más del ese 80% se movilizaba en contra de la decisión de la ALDO. Lo coherente de un político uninominal en ese momento es canalizar la demanda de su circunscripción y no estar en contra de ella, a esto se llama lealtad con el soberano.
En el momento del conflicto denominado por “la dignidad de los orureños y respeto a su historia” dos posiciones se visualizaron, unos en contra de la Ley 045 de imposición del nombre de Evo Morales al aeropuerto de Oruro y otros a favor del reconocimiento del aeropuerto de Juan Mendoza, Elío optó por lo primero y en los momentos de apasionamiento en la defensa de una u otra posición, pretendiendo legitimar sus argumentos y sensibilizar a la ciudadanía (in) movilizada, se dijeron de todo.
Después de 5 meses del conflicto, Elío recurre ante el Ministerio Público para querellarse por delitos al “honor”, que deberían desembocar en rechazo de la querella, ya que la misma es de orden privado y no público como sostiene en conferencia de prensa y algo que pasa aparentemente desapercibido es que señaló que ante el Tribunal Constitucional se encuentra la consulta sobre el nombre y la pregunta debería ser ¿Cuándo y quien presentó aquella consulta?, o ingresó a la especulación de desinformar a la ciudadanía como diputado?, si está desinformando aquella situación no es transgredir uno de los valores ético morales como es el ama llulla (no mentir), si es esta la posición ¿Cómo se sanciona al mentiroso?.
En el caso existe otro componente es que se trata de supuestos “delitos que habrían cometido periodistas” para ello desde 1925, existe la Ley de Imprenta por lo que deben ser procesados los periodistas que cometieron “delito” en el ejercicio de la profesión. Elío no puede usar cuando así le convino la Ley de Imprenta y hoy abstraerse de ella, se debe ser consecuente en todo y no solo en la parte que me interesa.
Históricamente se halla comprobado que los gobernantes desearían que los medios masivos de comunicación se hallen subordinados a sus decisiones, lo que sin duda no es ético ni mucho menos cumplir con el derecho de la información de los periodistas a la ciudadanía.
Finalmente quiero recordarle que el Art. 21 numeral 6 de la C.P.E. reconoce como uno de los muchos derechos que tenemos las bolivianas y bolivianos es “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva” y que por ello no puede ser penalizado el derecho a la información.
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