El anteproyecto de consulta previa aprobado por organizaciones sociales
03 sep 2013
Fuente: LA PATRIA
Poco más de diez días atrás la VI Comisión Nacional de organizaciones sociales que forman el Pacto de Unidad, se reunió en Cochabamba y dedicó su tiempo al análisis del anteproyecto de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que tendrá que ver en el futuro con las decisiones de las comunidades, cuando en ellas se pretenda desarrollar emprendimientos para el uso de recursos naturales, sean hidrocarburíferos o mineros.
En realidad se buscó la mejor opción para establecer una “normativa” que evite perjuicios de doble sentido, por un lado las comunidades y por otro al gobierno cuando existan planes para desarrollar proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales.
El documento base fue modificado y en tres días de discusión fue finalmente aprobado por la VI Comisión Nacional con un texto de 7 capítulos y 37 artículos de los cuales el IV contempla la Creación del Consejo Consultivo Plurinacional para la Gestión Intercultural del Derecho a la Consulta que será integrado por representantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas que forman el Pacto de Unidad.
Por lo menos hasta donde avanzó el primer proceso de los días pasados se entiende que ese Consejo “hará cumplir tareas de proposición y tomará decisiones” en temas inherentes al proceso de consulta; aspecto que fue considerado por el ministro de Gobierno, que dirigió la reunión, como un avance fundamental.
Aunque hay una ausencia de claro contenido sobre lo que significará la consulta y en qué situaciones debe ser aplicada la misma, el anteproyecto establece que “si bien es el Estado es el que consulta, será el Consejo Consultivo el que sistematice, medie y concilie cuando haya conflicto, independientemente de las tareas del Tribunal Electoral o de veedores que las partes puedan acordar”.
El asunto está avanzando en la proyección oficial de establecer una forma de atender los requerimientos de las comunidades pero al mismo tiempo facilitar acuerdos relacionados al alcance del consentimiento, la facultad o no de veto de los pueblos indígenas.
Algo que debe tomarse en cuenta y seguramente será motivo de más de una reunión en el futuro, es el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) al señalar que “la consulta es un acuerdo entre el Estado y las comunidades y adquiere carácter vinculante e impide a las autoridades tomar decisiones discrecionalmente, obliga a que los temas sean consultados pero no implica que las comunidades tengan posibilidad de veto”.
Aún está en la gran duda y no ha podido ser aclarado ni definido, es qué se hará cuando el pueblo indígena rechace la consulta. Una sugerencia ya se perfiló como solución y señala que “cuando no exista acuerdo con la comunidad será el Estado que tome la decisión cumplido un plazo razonable”, pero tal opción no logró consenso de los delegados y pasará a una consulta directa con el Primer Mandatario.
Como se puede observar el asunto de la Ley de Consulta seguirá todavía en la comidilla de las organizaciones sociales, observándose que delegados de los sectores afines al uso racional de los recursos naturales no están tomados en cuenta en el proceso de análisis del proyecto de ley, pese a que un tema de ésta naturaleza tendría que ser consultado abiertamente, pues se trata de los “recursos naturales de todos los bolivianos” como establece la CPE.
Fuente: LA PATRIA
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