Empieza la caza de periodistas y Medios de comunicación, en un afán desesperado por remontar la baja popularidad que en este momento tiene el instrumento político en función de gobierno. Estando en plena campaña con miras a las elecciones del año que viene, militantes de ese partido y los funcionales a él, están recibiendo instrucciones del ejecutivo para evitar que la prensa refleje lo que en realidad sucede en casos que han movido los cimientos del oficialismo, y que son de amplio conocimiento de todos.
Por supuesto que estas cosas y las actitudes del gobierno tendrán un peso específico a la hora en que los bolivianos acudan a las urnas; para eso, se inició una campaña contra periodistas y Medios independientes que, cumpliendo con su deber de informar y orientar, transmiten al ciudadano lo que realmente está ocurriendo.
En Tarija, por ejemplo, por órdenes de la gobernación, el encargado de la oficina de comunicación ha solicitado, nada menos, que tres medios impresos y uno de televisión sean intervenidos por el gobierno, acusados de “no informar con la verdad”; a los demás Medios se les ha condicionado que si dicen algo contra el gobernador o contra el gobierno, se les retirará la publicidad oficialista, violando flagrantemente la Constitución Política del Estado; y lo peor, bajo el asesoramiento de un ciudadano cubano que trabaja en la gobernación tarijeña.
En Oruro, un diputado del MAS, se querella contra cinco periodistas (no funcionales) por “difamación”, cuando toda la ciudadanía se levantó, oponiéndose a que se cambie de nombre al aeropuerto “Juan Mendoza” por el de “Evo Morales”. Es en esa ocasión, que el diputado masista que accedió a su curul utilizando como trampolín, nada menos que al Comité Cívico, y el voto de los orureños, fue la voz discordante en la campaña emprendida por los ciudadanos.
El mencionado Diputado niega rotundamente que haya dicho “me avergüenzo de ser orureño”, declaración registrada, según él, por cinco periodistas orureños, contra quienes presentó una querella criminal porque supuestamente habrían “mellado su dignidad y puesto en riesgo su vida y la de su familia”.
El lío está, en que todos los periodistas, no sólo de Oruro, sino de todo el país, vieron y escucharon al parlamentario nadar contracorriente a los intereses del Departamento que lo eligió, justamente para defenderlo de los atropellos a los que siempre fue sometido un Departamento que fue y es sostén de la economía del país. El lío está, en que todos lo vimos correr por las calles de Oruro porque por atrás venían ciudadanos pidiendo explicaciones por su comportamiento, abiertamente anti orureño, siendo él uno de sus representantes.
El lío está, en que una vez que se aclaren los hechos en un juicio que debiera ventilarse, no en la justicia ordinaria, sino en apego estricto a la vigente Ley de imprenta, ese ciudadano, no tendría porque “avergonzarse de ser Orureño”; en todo caso, es Oruro que tendría que sentirse avergonzado de tener como representante en el Poder Legislativo Plurinacional a un ciudadano que no merece tener la dicha de ser orureño. Y, nada menos que comunicador y docente de esa Carrera en la UTO, seguramente en la materia de “amedrentamiento”.
La “victima” como se autodefinió, se puso al frente de toda una población a la que, con soberbia, descalificó, priorizando su temporal condición de político oficialista, sobre los intereses de Oruro. El lío, es que por su condición de comunicador debía ponerse al lado de sus coterráneos; por ser exmiembro del Comité Cívico, también; y mucho más aún, por haber recibido la confianza de la ciudadanía para acceder al Poder Legislativo, que con su voto hicieron realidad su sueño incubado en el Comité Cívico Orureño.
El lío está, en que si no dijo “sentirse avergonzado de ser orureño”, se puede quedar tranquilo; porque, en este caso, Oruro se siente avergonzado de tener un representante con esas “cualidades”. Así, asunto arreglado, y se acaba el lío.
Por lo menos... esa es mi opinión.
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