Viernes 30 de agosto de 2013
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Cientos de graduados en Derecho han demandado a sus facultades por no encontrar trabajo en Estados Unidos, donde una carrera supone un coste medio de 40.000 dólares al año. Los demandantes alegan que las escuelas han violado las leyes de protección del consumidor y les ofrecieron datos engañosos sobre los porcentajes de estudiantes que encontraban empleo después de graduarse. Tras finalizar su carrera, muchos de estos estudiantes deben devolver los préstamos de decenas de dólares que pidieron para poder para pagar sus estudios universitarios.
Este mismo problema al que se enfrentan los graduados estadounidenses podría extrapolarse a otros países. En Chile salieron a protestar a las calles de Santiago 150.000 personas hace unas semanas en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad. La ley chilena establece que las instituciones que se dedican a la enseñanza no pueden ganar dinero con su labor, pero parece que el ministro de Educación, Harald Beyer ha incumplido este mandato. Ahora se enfrenta a la justicia después de que los propios diputados le imputasen un delito por “no haber ejercido su papel fiscalizador contra el lucro”.
