Los presidios: El lado feo y perverso de la gestión gubernamental
30 ago 2013
Por: Adhemar Ávalos Ortiz
Los últimos acontecimientos, los del Penal de Palmasola en Santa Cruz, no han hecho más que desnudar de manera trágica el pésimo desenvolvimiento de las gestiones gubernamentales pasadas y actuales en el tema tan álgido del régimen penitenciario. Indudablemente, sería una verdad parcial acusar solamente a los que hoy están a cargo del Poder Ejecutivo de los reiterados despropósitos y la inercia paralizante que siembran de espinas el áspero camino de los que deberían ser rehabilitados por la sociedad para que puedan contribuir y devolver a ésta lo que le arrebataron los más con sus acciones delincuenciales, y, si acaso fuera posible, los demás perdonarla por sus injustas condenas; pero existen responsabilidades actuales que se deben asumir.
Se trata de un tema complejo y de carácter histórico. En realidad, el sistema penitenciario ha sido diseñado para castigar a culpables e inocentes por sus crímenes, unos, por sus desafíos al poder nauseabundo, otros, y algunos solamente por haber estado en el lugar y momento equivocados. Que es un tema estructural que compete al Estado en su conjunto nadie lo niega, pero que los que hoy detentan el poder no deben soslayar su responsabilidad es críticamente evidente, mucho más si se asume que el actual gobierno (Poder Ejecutivo) tiene prácticamente sometidos a los poderes Judicial y Legislativo a sus designios arbitrarios. El Poder Legislativo solamente hace poco aprobó una Ley de Régimen Penitenciario que pocos conocen y que ni siquiera tiene reglamentación. El Poder Judicial sufre de una enfermedad cancerígena terminal, lo que ha llevado a que más del 80% de los inquilinos de las cárceles sean preventivos, es decir sin condena. Y el Poder Ejecutivo solamente mal administra lo que le dejaron sus antecesores que tanto critica, pero resulta incapaz a la hora de resolver los problemas de manera eficiente y operativa.
Lo que ha sucedido en Palmasola no es un hecho que solamente tendría que llevar a la reflexión, sino que debería tener consecuencias administrativas y penales para autoridades penitenciarias, policiales, así como para los jueces encargados de las causas de los detenidos preventivos, fallecidos por las acciones criminales de presos con alto grado de peligrosidad. Los primeros, por no haber tomado medidas hace ya tiempo para poner freno a la acción de grupos de poder que se pasean por las cárceles del país con absoluta impunidad, extorsionando a la mayor parte de los privados de libertad y amenazándolos con castigos y la muerte misma, pero principalmente por no haber exigido la construcción de infraestructura suficiente y necesaria para atender el problema. Los segundos, por haber permitido que los psicópatas del bloque B del pabellón Chonchocorito del penal de Palmasola salgan de su recinto con toda facilidad para provocar la muerte de 32 personas recluidas en el bloque A, 29 de ellas con detención preventiva. Y los terceros por su absoluta lenidad e incompetencia en la aplicación de la justicia.
Cuando suceden estos hechos criminales, nadie quiere asumir su responsabilidad. Los más se ocultan en el hecho de que el mal manejo penitenciario viene de muy atrás. Pero se olvida cínicamente que el MAS ya está gobernando casi 8 años, tiempo más que suficiente para haberse ocupado del tema con la profundidad debida. Que no lo haya hecho habla de su falta de planificación y desidia para la atención a personas que han sido privadas de libertad (no toda) por el Estado, pero no de sus demás derechos, entre los cuales el derecho a la vida es el principal. Entre la multitud de problemas que competen directamente al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, están los siguientes: el hacinamiento de las cárceles debido a la pésima infraestructura, la existencia de bandas armadas -aunque precariamente- que extorsionan a los presos más débiles, el libre albedrío de los condenados y de los detenidos preventivos, un régimen alimenticio de hambre (el prediario) y, en general, la casi absoluta inseguridad de los que habitan en esas mal llamadas penitenciarías.
Pretextos sobrarán, pero lo que se debe hacer ahora, aparte de la investigación de oficio que tiene que realizar el Ministerio Público para determinar responsabilidades por matanza planificada, es ponerse a trabajar de manera amplia y concertada con la sociedad civil para modificar radicalmente el panorama actual del sistema penitenciario que es francamente sobrecogedor.
(*) Politólogo
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