Volvemos sobre el tema porque consideramos que todavía puede darse espacio al análisis de ciertos elementos que se plantean desde diferentes instancias colectivas e individuales para que pudiesen ser tomadas en cuenta en la comisión que trabaja sobre el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que en concepto de sus impulsores se trataría de una forma de abrir la información del Estado a los bolivianos.
Cuando se leen esas intenciones parecería que algunas disposiciones legales se aplicarán con sentido práctico, es decir en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado como un derecho ciudadano de acceso a la información.
Hay otras posiciones que señalan por ejemplo que “no se trata de una ley de medios”, sin embargo los afectados directos con cualquier restricción serán justamente “los periodistas de los medios” que no tengan el libre acceso a la información estatal.
Los analistas especializados coinciden al puntualizar que el proyecto de la ley referida pretende vulnerar la libertad de información y prensa al bloquear de manera “directa” el espíritu de facilitar y reconocer ampliamente los derechos de la colectividad para obtener información pública.
Un destacado periodista comenta que “la medida ha sido proyectada por quien o quienes seguramente no tienen en cuenta que la información pública es básica y necesaria para el conocimiento público de todo lo que es el Estado y de todos los hechos en los que intervengan las autoridades”.
Una comunicadora social que además funge como diputada oficialista, señala que “los medios han dado un paso gigante al no sólo observar proyectos en la Asamblea, sino también pasar a la propuesta y ponerse al compás de la sociedad, entendiendo la necesidad de establecer responsabilidades dentro de la administración pública”.
Así planteada la situación lo que se entiende, con cierta claridad, es que el proyecto de Ley de Transparencia y acceso a la Información pretende regular una serie de aspectos “para que la ciudadanía tenga la posibilidad plena de exigir información al Estado” aunque se deja también medianamente establecido que los periodistas podrían tener restricciones.
No hay que olvidar que algunos artículos del proyecto como el 42 y 43 norman la posibilidad de “reservar alguna información”, aspecto que genera bastante susceptibilidad en la sociedad en general pero sobre todo en las instituciones que agrupan a los periodistas y los medios de comunicación, pues cualquier restricción es un claro atentado a las libertades de expresión y de prensa.
El periodismo en defensa sobre todo de los derechos ciudadanos para poder informarse a través de los medios de lo que ocurre en el Estado, plantea que se reduzcan a la mínima expresión, salvando por supuesto aquella información que tenga que ver o ponga en peligro la integridad de la Nación, por lo demás otra información debe ser propalada de manera regular.
Lo cierto es que en el curso de estos días el asunto volverá al debate entre las partes interesadas, lo que abriría una opción para considerar las propuestas de reducir las restricciones y además hacerlas más explícitas para evitar la discrecionalidad de su clasificación informativa, como altamente reservada.
Finalmente es valiosa la aclaración del ex presidente Carlos Mesa, que en su gestión propuso un Decreto de Transparencia y Acceso a la Información que no llegó a promulgarse como ley y que proclamaba “que no se puede concebir una democracia plena sin el acceso libre de todos los ciudadanos a la información estatal”.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.