Autonomía frente al centralismo

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El tema de las autonomías regionales sin lugar a dudas que ha despertado el interés de algunos sectores productivos nacionales, tanto en el oriente, cuanto en el occidente debido principalmente al uso de los recursos naturales, muy especialmente los no renovables, el caso de hidrocarburos y de minerales.

Si bien la Carta Magna y Leyes de por medio establecen la competencia del Estado como tal, en el manejo de los recursos naturales, no es menos importante saber que la misma CPE define tales recursos como propiedad de todos los bolivianos, por tanto se entiende que con mayor tuición estos ciudadanos defenderán sus recursos naturales regionales, en cada uno de sus distritos, sin que esto signifique restar competencia al Estado en el control y el buen uso de los mismos y la corrección de los emprendimientos que se propongan para explotar esos recursos naturales.

No hay que dejar de lado la vigencia de una disposición –todavía obligatoria– sobre la “consulta previa” a los comunarios de regiones donde hay necesidad de explorar yacimientos, tanto hidrocarburíferos como de minerales, tareas que se ven postergadas en tanto se puedan dirimir controversias entre los emprendedores, sean estos oficiales o privados, para encarar el desarrollo de actividades productivas. Sobre el tema un informe en torno al proyecto de Ley Minera establece que “si en la consulta previa con las comunidades indígenas afectadas por un proyecto minero no se logra un acuerdo, será el Ministerio de Minería y Metalurgia que tomará por su cuenta la última decisión al respecto. En el caso de los hidrocarburos corre la analogía pero además tiene ya una norma oficial que impide “la obstrucción de los planes exploratorios”.

Volviendo al caso específico de Oruro, hay que retomar algunas decisiones de las entidades localistas, cívicas, empresariales, laborales y sociales cuando recomiendan en el plano de la autonomía departamental “la necesidad de planificar proyectos que ratifiquen la verdadera vocación de Oruro como distrito eminentemente minero”, añadiendo consideraciones especiales, para el fomento de la actividad comercial a través del Puerto Seco, que movilizará con ventaja y seguridad el traslado de nuestra riqueza mineral hacia los puertos de ultramar.

La visión generalizada es que en Oruro se prioricen las actividades mineras y una manera de hacerlo es precisamente incentivar las tareas de exploración y prospección de nuevos yacimientos, bajo la certidumbre de que existirá, por lo menos eso se espera, un marco legal adecuado para promover y no ahogar la minería que se considera el factor coadyuvante de la economía nacional, sólo después del gas. Este objetivo se concretará con un estatuto autonómico muy claramente definido en defensa del uso de nuestros recursos naturales.

Fuente: LA PATRIA