Con el rostro cubierto parcialmente por una bufanda roja, el ojo derecho parchado y la voz todavía trepidante, la juez Julia Helena Jemio Limachi se presentó la mañana de este martes en el tribunal que juzga el “caso terrorismo”, para ocupar su asiento como juez técnico de uno de los casos más bullados de la historia boliviana.
La magistrada obedeció la orden de comparecencia que le envió el juez Sixto Fernández a cargo del caso y en breves declaraciones que formuló a la prensa hizo saber su deseo de ser apartada del caso, por los riesgos que, bajo las condiciones en que se encuentra, representa venir a Santa Cruz.
El abogado defensor Otto Ritter preguntó si una juez era obligada a cumplir actos de su oficio a pesar de alegar problemas de salud, cuál sería la presión que las autoridades ejercerían sobre ciudadanos comunes y corrientes.
La juez sufre de una parálisis facial que la obliga a cumplir sesiones de fisioterapia desde hace por lo menos dos semanas. Su ausencia había sido criticada por el presidente del tribunal y por los fiscales del Ministerio Público.
La magistrada recibió solidaridad de los acusados. Gelaffio Santisteban, uno de los 39 procesados por intentos de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo, dijo que estaba en desacuerdo con las presiones sobre la juez (hubo una velada amenaza de apartarla de su condición de magistrada) y que el tribunal debía respetar los derechos humanos, el de la salud y la vida, en el caso de la Dra. Jemio. “Con muertos y enfermos no se hace patria”, dijo al subrayar que él no había recibido atención médica cuando la requirió.
La incomodidad del presidente del tribunal y del Ministerio Público podría explicarse, pues si la juez fuese separada del caso, la estructura sobre la cual ha sido levantado quedaría debilitada. Otra baja más haría que el tribunal sea disuelto y todo el caso retrocedería a sus orígenes, la madrugada del 16 de abril de 2009 cuando un comando policial invadió el Hotel Las Américas en una operación en la que fueron acribilladas tres personas. Una de las jueces ciudadanas manifestó el lunes que también sufría problemas de salud, que ya le habían impedido cumplir con audiencias en la Paz la semana pasada y que en vez debía estar bajo tratamiento.
El tribunal rechazó una iniciativa de la defensa del general Gary Prado Salmón para declarar nulos todos los actos ocurridos desde una resolución que declaró al militar retirado en rebeldía. El juez Fernández leyó una aclaración del Tribunal Constitucional que especifica que la resolución se refería exclusivamente a la rebeldía, que quedó anulada, y no a todos los actos del tribunal.
Fuente: Santa Cruz, 13 (ANF).-
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