Propiamente los resultados del Censo de Población y Vivienda 2012 serán objeto de una evaluación a partir de la tercera semana del mes presente por una comisión técnica integrada por representantes de tres organismos internacionales, según se confirmó en el Ministerio de Planificación.
Conocida la información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), que mostró variaciones especiales con relación al “informe preliminar” que ofreció hace meses el Primer Mandatario, de manera especial los sectores políticos (oposición), analistas y algunos expertos en materia estadística coincidieron al señalar que la información altera una serie de parámetros y sobre todo afecta las expectativas de algunos distritos en los que la sumatoria de datos abría posibilidades de aprovechar los porcentajes de población con mejor obtención de recursos y más curules parlamentarios. Los últimos resultados cambiaron las expectativas.
La evaluación del censo, que no es propiamente una auditoría, estará a cargo de emisarios del Banco Mundial (BM), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y su sistema especializado, además que a esos delegados se sumará un primer equipo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) que elaborará un plan de trabajo técnico para dar paso a la evaluación poscensal, en la que también estarán personeros del INE y del Ministerio de Planificación.
El pedido de una revisión de los datos del censo de noviembre del pasado año corresponde a la expresión representativa de legisladores de oposición, también de algunos oficialistas, dirigentes regionales, organismos cívicos y sectores sociales que temen un lamentable perjuicio para sus departamentos con las variaciones numéricas que pueden restar recursos y parlamentarios. En algunos casos tal incidencia será casi imperceptible, mientras que en los departamentos del denominado “eje central” la estadística censal distribuirá más del 70 por ciento de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria entre tres departamentos, la diferencia menor a un 30 por ciento será para el resto de los distritos.
Si bien la distribución porcentual de los recursos se basa en los índices de la población de cada departamento, el hecho es observado desde una realidad de inequidad social, pues resulta que los distritos que requieren de más fondos para encarar su desarrollo son los que tienen menores ingresos y de paso tampoco tendrán el adecuado número de parlamentarios para plantear y hacer escuchar sus necesidades y sus problemas. Este par de hechos son causa del descontento comunitario, que mantiene un modelo injusto y anacrónico que contradice principios de la Constitución cuando se refiere al derecho de todos los bolivianos a vivir con dignidad e igualdad de condiciones.
Pero la inequidad expuesta en el modelo vigente será tema de otro comentario, mientras tanto, el asunto del censo movilizará a mucha gente en cuestión de algunos días más para determinar si hubo o no eficiencia en el manejo del costoso operativo de contar a los bolivianos y establecer sus necesidades conociendo sus limitaciones.
Hay necesidad de esclarecer ciertas dudas que están flotando en el aire y que podrían esfumarse sin explicaciones técnicas si los técnicos internacionales no hacen un esfuerzo en investigar el proceso de modo que para los bolivianos quede claro saber cuántos somos en cada departamento, cuál será la efectiva distribución económica y cómo se organizará la Cámara Baja, acudiendo al buen criterio de tratadistas para proponer una fórmula que cambie los simples números por un esquema de justicia y equidad para no seguir alentando más división entre bolivianos.
Fuente: LA PATRIA
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