En el último tiempo dos acontecimientos políticos singulares se vienen produciendo en la sociedad orureña, una de ellas exitosamente culminada a favor del respeto de una parte de la historia de Oruro – así sea de visión “criollo – mestizo”- como es el caso de la reivindicación por el nombre del Aeropuerto de Oruro “Juan Mendoza”, aquella disputa en las calles de la ciudad de las orureñas y orureños interpeló la falta de conocimiento de la historia de Oruro, de parte de los Asambleístas Departamentales y la imposición del nombre del presidente del Estado Plurinacional.
A decir de extraños a la realidad orureña, la lucha del pueblo orureño, era demasiado subjetiva, intentado ridiculizar la misma, al anteponer conceptos como por ejemplo de luchar “por cosas más grandes”, de “desarrollo”, es que en la sociedad actual ya no sólo se lucha por mejores condiciones de vida, mejoras salariales, etc., sino también por el respeto a la identidad y a los imaginarios colectivos, la lucha también es por defensa de otros valores que una comunidad considera importante, cuanto más plural una sociedad más plural y complejas son las demandas.
Recordemos que aquel conflicto, de febrero y marzo de 2013, culminó con una salida que no se quiso entender desde el principio: “consulta” y con el compromiso de las Autoridades Departamentales de remitir al Tribunal Constitucional otra “consulta” sobre asuntos competenciales que tiene la Asamblea Legislativa Departamental y el Gobernador de Oruro y que hasta hoy por el tiempo transcurrido, parece estar destinado al olvido, con lo que la victoria de los orureños por el nombre del aeropuerto sería completa.Otro fenómeno, que aparece en el escenario de la coyuntura local, es la cada vez creciente interpelación a los Concejales Municipales de la ciudad de Oruro, que decidieron acatar sagradamente un aumento salarial que el Gobierno nacional impuso para funcionarios públicos y que según los concejales el aumento del más del 10 % se hizo sólo en cumplimiento de la Ley, que parece hasta ahí racional, sin embargo la reacción de la actual dirigencia de la Fedjuve, es de destacar, ya que por vez primera en la política nacional, se oyen argumentos ligados a la exigencia de la “eficiencia y eficacia” de una instancia del poder local, vinculado a la “ética” de los mandamases de la comuna local para legitimar el aumento salarial.
No sólo se debe acatar una ley, un Decreto Supremo o cualquier forma de ley, cuando así interesa a los gobernantes, sino absolutamente todas, ya que ellas son de cumplimiento obligatorio como característica esencial de la ley, de lo contrario sólo se trataría de leyes simbólicas, a las que nos han acostumbrado nuestras autoridades legislativas nacionales, departamentales o locales.
Los concejales –quizá no solo ellos- deben entender que vivimos tiempo de transición de una manera tradicional de hacer política, -en el que impera la ineficiencia y el individualismo- a otra más intensa de mostrar resultados de la gestión, que no es puramente competencia de las autoridades ejecutivas, de ahí que la interrogante de ¿se merecen el aumento de dietas?, no es meramente formal, sino de profundo contenido de buscar resultados a la manera de hacer gestión pública eficiente.
Entendiendo la posición de la Alcaldesa Municipal de Oruro a partir de los elementos valorativos, como “eficiencia, eficacia” y de la ausencia de resultados de su gestión expresadas en el distanciamiento de la transformación de la municipalidad para transformar el municipio -y ojalá no ser parte de otra trama de ingobernabilidad-, en el que sean utilizados esta vez la dirigencia vecinal, se comprende que por ética la Alcaldesa renunció a ese aumento salarial.
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.