Defensa de la vida y el eufemismo de la “relocalización”

La baja del precio internacional de los metales y la carencia de una política de desarrollo productivo que debería darse a partir de la diversificación de la minería, podrían ocasionar a corto plazo un colapso y no está lejos la necesidad de tener que asumir nuevamente “defensa de la vida” como ocurrió en 1986, cuando más de 23.000 mineros fueron “relocalizados” de su fuente laboral y pasaron a engrosar el sector informal de la economía.

La situación preocupa a los trabajadores mineros y empresarios del sector, puesto que no hay una política minero-metalúrgica que pueda aplicar la Administración del Gobierno del Estado Plurinacional para afrontar esta situación que ocasionará serios problemas a la economía nacional y además enormes perjuicios a los mineros y sus familias, por el cierre paulatino de las empresas como ocurrió en 1985 por la crisis de los metales y la caída del precio de la libra fina de estaño a 2,5 dólares, haciendo insostenible toda operación productiva.

Esas condiciones que imperaban eran similares poco antes de la implantación de la Nueva Política Económica (NPE) durante la Administración de Víctor Paz Estenssoro, lo que obligó al Estado a poner en vigencia el proceso de “relocalización” que resulta ser un eufemismo cruel, puesto que nadie fue reubicado o cambiado de puesto, sino más bien echado a la calle, para buscar alternativas laborales que las encontraron en el comercio y transporte.

El diseño de la NPE tenía como base de costo de producción 5,5 dólares la libra de estaño y la caída fue estrepitosa puesto que descendió hasta 2,5 dólares, lo que no permitió que la gubernamental Comibol siga operando a pérdida, debiendo sacrificar el capital humano para buscar un equilibrio entre el costo de producción y el precio de la comercialización de los concentrados.

Como nuestro país continúa siendo un potencial exportador de materia prima, no se sabe cuántos hechos como el ocurrido en 1985 y la “Marcha por la Vida” de 1986 tendrán que pasar para que primero se tengan un conocedor y especialista en la cartera de Minería y Metalurgia y segundo para que se pueda diseñar de una vez por todas una política minero-metalúrgica que favorezca y beneficie a todos los bolivianos.

La situación se torna apremiante y la preocupación va en aumento entre los mineros que trabajan, por ejemplo en la explotación de Huanuni donde conviven más de cinco mil trabajadores, en su mayoría proveniente de distritos mineros del norte de Potosí, lo que permite compartir la economía regional con el vecino departamento, porque las familias de esos mineros viven en Catavi, Siglo XX, Llallagua, Uncía, Colquechaca y otras comunidades aledañas.

La diversificación de la producción minera permitiría alcanzar un modelo económico de incentivo para la minería y además generar nuevas fuentes de trabajo, lo que no interesa a las autoridades del sector minero-metalúrgico que seguro esperan que primero ocurra el desastre para buscar un paliativo, como casi siempre sucede y porque tampoco se arriesgan a invertir puesto que consideran que la minería debería seguir aportando al sostenimiento de la economía nacional, por iniciativa propia.

Cuando la caída del precio de los metales deje a las gobernaciones y regiones sin recursos económicos, no será precisamente el Estado el que solvente esas pérdidas, razón justificada por la que también tendrían que preocuparse los legisladores, asambleístas y hasta concejales que tienen la gran responsabilidad de buscar mecanismos adecuados para garantizar el futuro de la minería nacional y regional.

Ya no se puede esperar que los convenios y acuerdos estén “en revisión” durante cuatro años para suscribir un convenio de explotación del yacimiento de Bolívar, lo que perjudicó enormemente al desarrollo de las actividades productivas y dejó un hueco por el no pago de las regalías mineras. Tampoco es justo que cuando se suscribe un convenio los nuevos operadores técnicos tengan que cargar con la responsabilidad de dar solución a reclamos y pedidos que datan de más de una década de negociación y que el Poder Central no tuvo la capacidad para resolver.

La puesta en marcha de la fundición de zinc, así como el cambio tecnológico de la Metalúrgica Vinto podrán favorecer a la producción minera, siempre y cuando se logre el propósito de contar con la procesadora llave en mano –en el caso del zinc- y la producción de concentrados con alto contenido de estaño, para lograr un despegue de la industria metalúrgica en el país.

En los últimos informes económicos y evaluación de las principales empresas de Latinoamérica, ya no figura ninguna minera boliviana, como sucedía antes y tan sólo está la gubernamental Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, lo que demuestra que no hay una política para desarrollar la minería en el país. Ojalá ese hecho no perjudique nuevamente a los mineros y sus familias, que tuvieron que enfrentar en agosto de 1986 la extrema determinación de marchar “por la vida” y en defensa de su fuente laboral, cuando se despidió al ochenta por ciento de los trabajadores. La marcha fue interrumpida en la población paceña de Calamarca el 28 de agosto de 1986, empero no cambió la situación de la minería estatal y pequeña, siendo cada vez más difícil la producción para la minería mediana y privada.

(*) Periodista

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