La violencia política en gobiernos constitucionales
09 ago 2013
Por: José Hurtado Gonzales
Es incomprensible que la ley 2640 del 11 de marzo del año 2004, promulgada por el Presidente Constitucional Carlos D. Mesa Gisbert, otorgando un resarcimiento justo a todas las víctimas de la violencia política en gobiernos de facto o dictaduras; solamente pretenda beneficiar a un determinado sector o contingente. La pregunta es: ¿Qué de la otra gran cantidad de personas que también fueron vejadas, reprimidas, torturadas, en regímenes o gobiernos constitucionales?
Ejemplos, uno o dos de los muchos que existen.
El día domingo 21 de julio del presente año en el periódico El Diario, el analista político Carlos Cordero manifiesta muy acertadamente que la democracia tiene cuentas pendientes con quienes lucharon por ella en época de dictaduras, con puntualizaciones muy acertadas y realistas; y las víctimas de la violencia política asentadas en el Prado frente al Ministerio de la injusticia durante más de 16 meses desde el año pasado soportando las inclemencias del tiempo con sus justos reclamos que nunca fueron tomadas en cuenta por las respectivas autoridades del Gobierno Plurinacional, puesto que las 2 comisiones calificadoras Conrevid y Conteca, se aplazaron, de un plumazo y después de muchísimo tiempo descartaron a más de 5.022 víctimas por simples observaciones que en un lapso de unos 15 días, hábiles podían haber sido subsanadas, calificando muy mal solamente a 1.600 personas.
Ahora bien, Dn. Carlos Cordero se olvidó y no tomó en cuenta que también los Gobiernos Constitucionales aplicaron la violencia y con más drasticidad, porque se creían legítimos. Y con más autoridad. Ahí tenemos un solo ejemplo de los muchísimos que existen.
LA MASACRE DE MINEROS EN SAN JUAN DEL 24 DE JUNIO DEL AÑO 1967
Instalado en el Gobierno el Gral. Barrientos Ortuño el 5 de noviembre de 1964 con el apoyo masivo de todo el pueblo boliviano. Y los universitarios de todo el país vanguardizados por FSB, muy pronto aconsejado por algunos arribistas que nunca faltan indicándole que él era muy joven y que podía gobernar muchos años, comenzó a preparar elecciones para ser elegido Presidente Constitucional, ahí apareció momentáneamente el Movimiento Popular Cristiano, de efímera duración, dirigía el mismo el My. de Ejército Hugo Bozo Alcócer, y otros que nunca faltan donde hay dinero, también se sumó a esta campana presidencial el partido de los, gerentes, PSD, siendo llevado a la vicepresidencia su representante Luis Adolfo Siles Salinas; quienes luego se convirtieron en gobernantes constitucionales, a partir del 6 de agosto de 1966 con el control total del poder de la extrema derecha "desde luego antiobrera y reaccionaria", quienes se tomaron muy en serio con los trabajadores y sus organizaciones laborales, se dictó el decreto supremo de reglamentación sindical con clara inspiración fascista, Luego tenemos otro decreto rebajando jornales o salarios a. los trabajadores mineros; quienes en su justo derecho inmediatamente convocan a un Ampliado Nacional de dirigentes mineros y para tratar este problema salarial, el abastecimiento de sus pulperías que siempre estaban vacías; es así que en la madrugada del 24 de junio de 1967 ocurre la masacre de mineros de San Juan, produciéndose las mayores bajas en el campamento denominadora Salvadora, resultando de estos ataques se tuvo un saldo de más de 27 muertos y 70 heridos, tanto hombres como mujeres, inmediatamente el Gral. Ovando Candía, como Antonio Arguedas, su ministro de Gobierno, queriendo salvar sus responsabilidades, públicamente declaran que la orden provino de la Presidencia; es decir de René Barrientos Ortuño.
A la fecha, en vigencia la ley 2640 "Restrictiva" para el resarcimiento a todas las victimas por la violencia política desatada todo un tiempo por los gobiernos de facto, dictatoriales, inconstitucionales, o constitucionales de civiles o militares; el actual Presidente debe en equidad plena y justicia para todas las victimas instruir lo antes posible al Parlamento Plurinacional se enmiende y se amplíe los alcances del Decreto N° 2640 para favorecer a todas las víctimas de la violencia política, Y a la actual ministra de Justicia, Cecilia Ayllón cambiarla por su ineptitud e incapacidad y ser la causante del problema y bloqueo permanente frente a su Ministerio por parte de las víctimas, que no se levantará mientras no se dé la solución anteriormente mencionada y su cambio o reemplazo por otra persona más capaz para tan delicado cargo.
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