Bolivia festejará el 6 de Agosto en medio de polarización y desconfianza regional

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El país festejará las fiestas patrias del 6 de Agosto, Día de la República, en medio de una polarización regional e ideológica entre el oriente y el occidente, pues a pesar de los múltiples esfuerzos que hizo el Gobierno por homogenizar su presencia política desde hace siete años en los departamentos de Beni y Santa Cruz, la respuesta fue de rechazo al proceso de cambio, por parte de la oposición regional liderada por el gobernador Rubén Costas y la ex primera autoridad departamental beniana, Ernesto Suárez Sattori.

El Gobierno, si bien consolidó avances significativos desde el 22 de enero de 2006 en materia política, pero principalmente en el desarrollo económico del aparato estatal, multiplicando, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, en seis veces el Presupuesto General del Estado (PGE), que era de 27 mil millones de bolivianos el año 2005 y en la actualidad es de 170 mil millones de bolivianos, aún no logró conquistar el apoyo “camba”.

Esta bonanza económica le permitió al Órgano Ejecutivo emprender y fortalecer diversos programas productos y sociales dirigidos a garantizar servicios básicos a la población, seguridad alimentaria, negociar mercados extranjeros en el marco de la complementariedad y no competitividad económica. Además de diseñar una estrategia en procura de extender la frontera agrícola en el occidente, los valles y el oriente del país.

Sin embargo, la resistencia al “masismo” en el oriente aún no le permite alcanzar resultados alentadores a las políticas del Jefe de Estado, debido a que el empresariado y agroindustriales cruceños tiene sus reparos a la administración estatal y prefieren los emprendimientos privados donde la injerencia del poder político oficialista sea nula, desconfianza que fue capitalizada por los opositores cruceños y benianos que hicieron de Santa Cruz y el Beni el “bastión” de resistencia al aparato estatal.

EL DILEMA DEL CENSO

En agosto y septiembre de 2008, se produjo el denominado golpe de Estado “cívico-prefectural” que generó convulsiones sociales en las ciudades Cobija, Santa Cruz, Tarija y Trinidad, en demanda de una justa redistribución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por parte de los entonces prefectos opositores para poner en marcha una autonomía plena.

Ese mismo año se llevó adelante el referéndum autonómico en los nueve departamentos el 4 de mayo y el referéndum revocatorio de presidente y prefectos realizado el 10 de agosto, resultados que fortalecieron a los prefectos opositores y elevaron al extremo las demandas de los departamentos autonómicos.

El gobierno cinco años después volvió a encender la polémica y el malestar regional a causa de los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 21 de noviembre de 2012, pero en este caso las protestas no están acompañadas por manifestaciones y violencia social.

Para aplacar el “golpe cívico-prefectural”, el gobierno expulsó primero al embajador de los Estados Unidos, David Goldberg, a quien acusaron de fomentar la desestabilización del gobierno en coordinación con las autoridades departamentales “antimasistas”, luego decretó un estado de sitio en Pando para detener y trasladar desde Cobija a la cárcel de San Pedro de La Paz al exprefecto Leopoldo Fernández -acusado de la masacre del Porvenir donde murieron en un violento enfrentamiento armado 13 personas.

Se encargó con el apoyo del Ministerio Público de instaurar procesos penales contra cívicos y prefectos opositores, querellas que siete meses después se multiplicaron contra 39 empresarios privados, militares y políticos contrarios al MAS, tras la desarticulación del grupo irregular separatista de Eduardo Rózsa Flores, el 16 de abril 2009, en el hotel Las Américas. Lo que le permitió al MAS “arrinconar” a los opositores de la región del oriente y controlar la aplicación de la autonomía en Bolivia.

En la actualidad el escenario es distinto, pero el malestar social empezó a sentirse no sólo en Santa Cruz y Beni, sino también en Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y La Paz, a causa del Censo, que estableció que en Bolivia existen 10.027.254 habitantes y no 10.389.913 como informó el Presidente Evo Morales el 23 de enero pasado, 362.659 personas menos, de las que 121 mil pertenecían a Santa Cruz y 180 mil a Cochabamba. Esto le impedirá a Santa Cruz exigir una mayor asignación presupuestaria y la redistribución de escaños en la Asamblea Legislativa.

POTOSÍ Y NO SUCRE

El Gobierno ha demostrado en cada momento de inflexión que le ha tocado vivir en los dos periodos presidenciales de Evo Morales, que tiene la experiencia y la habilidad política para manejar las crisis sociales, no obstante ahora tiene al frente las elecciones generales de diciembre de 2014, las demandas salariales que se plasmarán en el primer trimestre del próximo año por parte de los trabajadores sindicalizados, el retraso de la industrialización de los recursos naturales y el crecimiento de las críticas y cuestionamientos de la oposición regional, que busca a cuatro años de la vigencia del Estado Plurinacional (7 de febrero de 2009), articularse en un solo frente para intentar disputarle la presidencia al MAS.

Este complicado escenario político social marcará los festejos cívicos militares del martes 6 de agosto, Día de la Patria, celebraciones que desde el año 2007 dejaron de realizarse en la ciudad de Sucre. Cochabamba será la ciudad desde donde el Presidente Morales se dirigirá a los más de 10 millones de habitantes, discurso en el que se espera marque las directrices de la Agenda Patriótica 2025, año en el que el país cumplirá 200 años de independencia.

Fuente: La Paz, 5 (ANF).-