Para decirlo de entrada las cifras del censo 2012 no tienen mayor incidencia en las perspectivas de Oruro, aunque la cifra de habitantes se elevó entre el dato parcial o preliminar que era de 490.612 y la que se considera ahora como definitiva marca 494.178 ciudadanos que viven en Oruro. La diferencia es de 3.566 personas que no inciden por ejemplo en el aumento de escaños que será de nueve diputados y en el caso de la asignación presupuestaria, será apenas de un mínimo porcentaje.
En el caso de Oruro no se registrará ninguna observación, pues las cifras junto a las de Potosí y Pando registran más habitantes con los datos finales, en tanto que en el resto de los departamentos y con cifras muy significativas en algunos casos disminuyen los datos originalmente consignados y ahora con una clara sustracción numérica que ya despertó reacciones de manera especial en los distritos del denominado “eje central”, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, es también la “suerte” de Tarija, Chuquisaca y Beni que disminuyeron la cantidad de habitantes en función de datos preliminares y los recientemente publicados.
Por lo menos hasta el momento ni el Instituto Nacional de Estadística, INE, tampoco el Ministerio de Planificación han hecho conocer una explicación concreta y coherente sobre algo que se considera inusual en circunstancias similares en otros países. La falla que podría existir es la de un aumento en cifras, considerando que no se habrían contado efectivamente las boletas censales pero llama la atención que en siete meses en que se produjo la revisión del material del censo desaparezca cierta cantidad de material, produciendo un registro inferior de ciudadanos censados. Por lo menos eso es lo que opinan analistas y expertos en la materia que además esperan una aclaración técnicamente justificable.
El asunto en mesa de observación es mucho más serio inclusive que lo que ocurre con resultados electorales y cuya falla se atribuye sin lugar a dudas a un fraude generado por “especiales intereses”, que no pueden ser los mismos si se trata de establecer la población total del país, aunque ya surgieron algunas apreciaciones en sentido de culpar la falla detectada a “intereses políticos” que incidirían de manera directa en la distribución de escaños y la fuerza que eso significa en la configuración de la Cámara Baja y sus futuras decisiones.
Pero no es todo, el otro aspecto tiene que ver con la asignación presupuestaria, la distribución porcentual de beneficios económicos para cada región, lo que abre posibilidades para encarar proyectos de envergadura que amplíen las condiciones de un desarrollo sostenible o simplemente sigan cubriendo las necesidades elementales de los departamentos que verán reducidos sus ingresos y postergadas sus expectativas de crecimiento.
Una hipótesis que se maneja en Santa Cruz es la posible “manipulación de los datos del empadronamiento, en busca de beneficiar a una regiones y perjudicar a otras con fines electorales”.
Frente a un hecho claramente irregular, según lo apuntan los más perjudicados se plantean algunas soluciones, entre esas una auditoría imparcial al INE y al censo, otra opción sería la realización de censos departamentales que promuevan las gobernaciones afectadas, lo que implica rechazar directamente los resultados del INE. Finalmente se piensa todavía en la validez de una petición de informe para conocer los errores del proceso censal que permita aclarar la diferencia existente entre los datos de enero y julio 2013, de un proceso que cuesta más de 56 millones de $us.
Fuente: LA PATRIA
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