Si hay alguna norma municipal que a cada segundo es desconocida y que de hecho ha entrado en desuso para imponerse “el neoliberalismo de la libre oferta y demanda”, es la Ordenanza Municipal de regulación de precios de pasajes en minibuses y taxis en la ciudad de Oruro.
Está demostrado que a ninguna “autoridad” municipal (del Concejo o Ejecutivo), le interesa hacer cumplir su propia norma, quizá porque han dejado de tomar lo que la mayoría del pueblo toma: los vehículos de trasporte público, siendo más profunda la ausencia de compromiso de estos con la sociedad, aún peor con los más necesitados, a los que en tiempos electorales acudirán en la búsqueda de su voto, al que se debe agregar las condiciones internas del transporte público, en el que el consumidor (pasajero) es tratado como sardina en lata.
La Ordenanza Municipal de regulación de tarifas de transporte, supuestamente está vigente desde el 2012, por la que se regula el precio del transporte público para minibuses es de Bs.1.20, sin embargo cuando no se tiene a la mano o en el bolsillo los Bs. 0.20, el consumidor de este servicio está obligado a cancelar Bs. 1.50 ó Bs. 2.00, recibiendo en cambio de Bs. 0.20 en un caso y Bs. 0.70 en el otro, debiendo contentarse con aquella devolución, y el conductor matar el cambio de los Bs. 0.10.
Parece insignificante reclamar el cambio de apenas Bs. 0.10, que en el fondo tiene otro tipo de connotaciones jurídicas que deben responder los Concejales de Oruro. ¿Para qué sirven las leyes que no se cumplen?, la Ordenanza Municipal es una disposición legal que está escrita sin que nadie la cumpla, aunque también recae la corresponsabilidad en la primera autoridad municipal, ya que es el ejecutivo el encargado de hacer cumplir mediante sus instancias, una de ellas defensa al consumidor en coordinación Tráfico y Vialidad en auxilio de Tránsito de la Policía, como se advierte existen mecanismos para hacer cumplir las Ordenanzas Municipales, el problema es la voluntad política de estas autoridades.
No cabe duda que la pretensión de los propietarios de vehículos y/o de los choferes asalariados y choferes arrendatarios a destajo es subir el precio de los pasajes, aunque con los cambios que matan de hecho ya subieron ilegalmente el precio, arguyendo para ello el precio de los repuestos, así como la pretensión de la mayoría de los consumidores del transporte es mejor continuar en estas relaciones de libertad del precio de transporte.
En otros casos el precio del transporte sube de manera arbitraria cuando existen bloqueos de caminos en las carreteras troncales inter municipales, dejando aquel precio a la desesperación del pasajero, estando ausentes las autoridades competentes, es decir las autoridades de la Gobernación.
En el debate de las Cartas Orgánicas y del Estatuto Autonómico como normas institucionales básicas, debe ponerse en el debate no el precio de los pasajes sino cómo convertir el derecho al transporte de la ciudanía, como derecho humano y deber de las entidades.
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