Jueves 01 de agosto de 2013
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Al terminar enero de este año ya habían pasado más de dos meses del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 y aún no había resultados oficiales. Tomando en cuenta que en el censo anterior, el de 2001, los resultados preliminares -que no fueron modificados después- se conocieron una semana después del recuento, la gente había comenzado a inquietarse y esa preocupación era traducida por muchos medios. Sí… ya había resultados preliminares, pues estos se habían presentado el 23 de ese mes, pero los oficiales se rezagaban y el temor por la manipulación de datos crecía.
De pronto pasó algo digno de la mejor de las dictaduras: el Instituto Nacional de Estadística (INE) amenazó con enjuiciar a quienes critiquen el trabajo del Censo “sin ningún respaldo técnico”. Y, para dejar bien clara la cosa, especificó que los juicios serían por los artículos 282, 283 y 285 del Código Penal; es decir, difamación, calumnia y propalación de ofensas, tal cual actúan los matones cuando amenazan a la prensa.
Pero lo que ocurrió después fue todavía más difícil de creer: las críticas cesaron. A nadie se le ocurrió decir que se estaba vulnerando el derecho a la libertad de expresión, tutelado por el párrafo II del artículo 106 de la Constitución Política del Estado, y ni siquiera se calificó esa actitud como una amenaza, tipificada como tal en el artículo 293 del Código Penal. Quizás la evidencia de que este país le tolera todo al gobierno de Evo Morales, incluso las violaciones a la Constitución, motivó a que la gente, incluidos nosotros, los periodistas, aceptáramos la amenaza y nos la tragáramos. A nadie se le ocurrió, tampoco, pensar que la amenaza era el prolegómeno de algo serio, muy serio. A nadie se le ocurrió pensar que estábamos en los días previos a lo que podría pasar a la historia como un gran desengaño.
