Aunque se quiera disfrazar el tema con la explicación que introduce la compra y venta de ropa nueva, con sello de marca y no precisamente la prendería usada que abarrota muchos negocios en varias ciudades y principalmente en Oruro, el negocio ha crecido en los últimos cinco años, pese a la vigencia de un Decreto Supremo promulgado el 2006 prohibiendo la importación de esa ropa.
Pero hay una secuencia en función de disposiciones y se origina justamente con el D.S. 28761 de 2006 cuando el gobierno prohíbe la importación de prendería usada a partir del 21 de abril del 2007, incluyendo otra restricción sobre la comercialización de ese producto (ropa usada) en todo el territorio nacional a partir del 1ro de marzo del 2008, que han sido incumplidas por los importadores, que mediante movilizaciones y algunas gestiones lograron un plazo adicional hasta abril del 2009 para seguir importando y vendiendo la prendería usada, el gobierno accedió a ese pedido – el último – mediante el D.S. 29521 que finalmente tampoco se cumple.
Detalles sobre este negocio dan cuenta que el número de operadores creció desproporcionalmente desde hace cinco años cuando se contaba a más de 150 mil comerciantes y que en la actualidad hay algo más de 250 mil, entre los capitalistas del negocio, que son los “importadores” en un grupo reducido y los “comercializadores” del producto que suman miles y se ubican prácticamente en todas las ciudades del país pese a la prohibición vigente.
Los comercializadores de prendería usada están organizados gremialmente y defienden su negocio, señalando de manera concreta que al existir la provisión de mercadería se mantiene el negocio, aclarando que la compra del producto por fardos ya no se efectúa en algún puerto chileno, caso de Iquique o Arica, sino directamente de los mayoristas que operan en Oruro y El Alto.
El hecho concreto es que la prohibición del 2006 y ratificada anualmente hasta el 2009, no se cumple en absoluto, la prendería usada sigue ingresando a nuestro territorio y ahora con alguna artimaña utilizada por los contrabandistas que mimetizan el producto como mercadería “de marca” en unos casos, en otros introducen productos nuevos pero los declaran como usados para pagar menos impuesto, de mañas está hecho el negocio y no ha disminuido en lo más mínimo, tanto así que inclusive en la actualidad se realiza una especial clasificación de la mercadería por calidad, representando el hecho una venta por fardo de mil, quinientos y hasta cien dólares.
Los expertos comerciantes ya saben que los fardos más caros son los que traen mercadería nueva y de marca, y la calidad y precio baja en la medida que los comerciantes adquieren la prendería para satisfacer la demanda de diversos sectores de compradores, existiendo en tiendas y galerías del ramo prendas tan económicas que fluctúan entre los cinco, diez o quince bolivianos.
El número de comerciantes de ropa usada ha crecido, quienes se incorporan a ese ejército de comercio ilegal aducen que la carencia de empleo seguro obliga a buscar un modo de vida que como el que comentamos tiene amplio movimiento sin visos de disminuir, dadas las características de su procedencia y su distribución muy bien camuflada en la informalidad vigente y en la motivación social de grandes sectores que buscan trabajo, señalando en este caso particular que tampoco funcionó un programa de reconversión laboral.
Fuente: LA PATRIA
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