Nuevo Código Minero una “eutanasia” para la minería

La preocupación por la aprobación de un nuevo Código Minero genera desconcierto en el país, preferentemente entre los industriales mineros y los mineros chicos que después de estar “negociando” más de dos años, advierten que la nueva norma incluso es contradictoria en muchos aspectos con la propia Constitución Política del Estado, situación que dará lugar a mayor inseguridad jurídica y consecuentemente no habrá inversiones.

A la fecha no hay una política minero-metalúrgica en el país y solamente se impulsan algunos proyectos que a decir de los expertos, son más entusiasmo y esnobismo de quienes tienen el control de la Minería, preocupados en generar nuevos cargos para su gente, que en definitiva no son solución ni alternativa para el desarrollo de la industria minera, porque incluso se programan mínimas inversiones estatales, con relación a países vecinos que tienen importantes y millonarios proyectos.

En ese sentido la “nueva norma” resultará poco atractiva para nuevas inversiones ya que no se prevé un cambio fundamental, cuando se liquida la concesión minera y se adopta en su reemplazo los contratos para la explotación de los recursos mineros, lo que ocasionará que se burocratice más todavía la actividad de este sector que hasta ahora resulta ser lo básico para la economía del país, puesto que la minería dio origen a la industria petrolera y el Occidente boliviano vive todavía de las regalías mineras, por lo que aplicar esas restricciones será matar a la gallina de los huevos de oro.

En la política de concesiones de la actual administración de gobierno no se proyecta el desarrollo minero, porque hasta la fecha por ejemplo la Empresa Minera Huanuni espera la inversión de 53 millones de dólares para la puesta en marcha de un moderno ingenio, siendo así que esta mina estatal reporta al Tesoro General de la Nación por el pago de regalías más de medio millón de dólares mes y sus utilidades superan esa cifra entre enero y mayo llegando a 585.280 dólares, con una planilla de cerca a 5.000 trabajadores que supone un gasto mensual de siete millones de dólares.

La mina de Huanuni es la principal fuente proveedora de concentrados de estaño para la Metalúrgica Vinto, por lo que se debe asegurar que su producción vaya siempre en aumento, para así tener el material necesario que se deberá procesar en el horno Ausmelt que se instala en la fundidora nacional y donde deben garantizar el aprovisionamiento para que ese proyecto no se convierta en un elefante blanco. La producción de estaño en las minas del sector de la minería chica y otras privadas debería ser incentivada para tener la cantidad suficiente de estaño, puesto que existe también un estudio que hace referencia que el yacimiento estañífero de Huanuni podría ingresar a su fase de agotamiento, por estar explotándose la parte final del cono, lo que podría dar lugar a una nueva etapa productiva con complejos de plomo, plata, zinc.

La nueva norma de minería en el anteproyecto establece un “acoso tributario a las empresas”, por la forma que fue redactado, incluyendo el concepto de “control social” sobre la actividad minera que en la práctica resulta ser el camino más viable y expedito para la toma de las minas, en franca contradicción con la política de gobierno y la línea impuesta por el Presidente Evo Morales, que instruye sancionar estos hechos y que se enjuicie a quienes ocupan las empresas productivas mineras.

Lo cierto es que, por más de tres lustros el país no tiene ningún emprendimiento minero importante, hecho que se agrava porque el descenso de las cotizaciones de los altos precios que alcanzaron los minerales, factor que afectará negativamente para atraer inversiones, a lo que se suma que el nuevo Código de Minería no contemplará el régimen tributario, que es la base para tener una adecuada norma que garantice y fije reglas claras para la explotación de los recursos naturales no renovables y la planificación de la economía boliviana.

Si no se contemplan esos aspectos que resultan ser vitales para tener la nueva norma de control de las actividades productivas mineras en el país, será un trabajo inútil el realizado durante los dos años y tres meses de análisis del anteproyecto del Código de Minería, puesto que ahora se otorga mayores facilidades al sector cooperativo y a las actividades informales del sector minero, favoreciendo incluso a la comercializadoras que tienen importantes beneficios por la exportación de materia prima. Para garantizar un control de la producción minera será urgente la decisión de las autoridades de gobierno para instalar en Oruro un centro de acopio de concentrados, así se evita la fuga de minerales por vía del contrabando, el juqueo y además se tendrá un aprovisionamiento garantizado para la fundidora estatal.

No llegar a ejecutar la diversificación minera y continuar postergando la instalación de la fundición de zinc en Oruro, es otro factor que debería preocupar al gobierno, porque se da mayor impulso a la industria petrolera, mientras la minería que es sostén de la economía boliviana se abate al extremo que el nuevo Código de Minería podría ser la “eutanasia” para acabar con este rubro productivo en el país. Ojalá haya vientos de cambio en la estructura del manejo administrativo de la minería nacional y se pueda tener una política minero-metalúrgica y un código que atraiga inversiones, beneficie a los productores mineros y genere más riqueza para los bolivianos.

(*) Periodista.

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