Cuatro años de cárcel para servidores públicos que divulguen información

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas Ríos, considera que el proyecto de Ley de la Empresa Pública, PL – 398 – 13 que trata la Disposición Adicional Décima que modifica el Artículo 228 Ter. del Código Penal.

“Artículo 228 Ter. (uso indebido de información privilegiada). El que en virtud de su cargo, empleo, posición o responsabilidad, teniendo acceso o conociendo información privilegiada, utilice, divulgue, transmita o disponga de la misma para lograr beneficios, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años”.

Antonio Vargas Ríos, considera que este proyecto de Ley, es una norma que “cerraría con candado” la información sobre el uso y utilización de los recursos públicos, y que genera “discrecionalidad” respecto a la asignación de estos recursos al crear subordinación directa relacionada con el Presidente del Estado.

“Nos estamos enfrentando a una norma que cerraría con candado la información respecto del uso y la utilización de los recursos públicos destinados al desarrollo y, además, se estaría creando una gran discrecionalidad respecto a la asignación de los recursos destinados al desarrollo y, esta subordinación, está directamente relacionada con el Presidente del Estado”, afirmó Vargas respecto a dicho proyecto de Ley ingresado oficialmente el pasado 13 de junio a la Cámara de Diputados.

“Esa Disposición Adicional no puede, de ninguna manera, declarar información secreta, confidencial o reservada a partir del criterio de cada una de las empresas públicas. Pues la clasificación de esa tipología debe obedecer a un mandato específico y una norma también específica y al criterio de un ente especializado”, señala Vargas al ejemplificar los casos del Perú y México, donde la entidad especializada está plenamente desvinculada de lo que es el poder político y el poder económico.

Por lo tanto, “nos parece una norma que no solamente vulnera lo que se ha hecho hasta este momento, sino que además introduce una peligrosa figura de centralismo que elimina los niveles de Gobierno regional, el nivel de Gobierno local y, por supuesto, el territorial”.

Además, señala que este proyecto de ley tiene el agravante de “saltarse” los procedimientos de control establecidos en la ley Safco que “puede dar lugar a graves fenómenos de corrupción en la asignación de los recursos públicos”.

Advierte que “se habla de privación de libertad, que es de cuatro años, por lo tanto no habría posibilidad de medidas sustitutivas, porque ellas sólo alcanzan hasta los tres años. Estamos hablando de privación de libertad”, y que implica que aquellas personas sindicadas de transgredir esa Disposición inevitablemente irían a dar a la cárcel.

REPRESENTACIÓN

Finalmente, el Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz anuncia que hará llegar sus observaciones a este documento que aún no ha sido dado a conocer de manera oficial, lo que en criterio de la entidad que asocia a los periodistas paceños se constituye en “uno de los grandes problemas que tiene el Gobierno del presidente Morales, (puesto que) se hace circular una suerte de instrumentos jurídicos y realmente se desconoce cuál es el que irá en consideración de la Asamblea Legislativa”.

Sin embargo, sobre el documento ingresado oficialmente el pasado 13 de junio a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la Cámara de Diputados, con la clave PL-398-13, será cuestionado a través de la Presidencia de la entidad camaral para dar a conocer los criterios de los periodistas al respecto.

Fuente: La Paz, 28 (ANF).-