Los afanes de consolidar el poder total, por eso de que el fin justifica los medios, generan tendencia a adecuar cualquier norma a los intereses políticos coyunturales. Mejor aún, según esa tendencia, si adecuar la norma a esos intereses genera imagen de respeto a principios y derechos legales. No importa dejar el espíritu de la norma en el camino.
Eso más o menos parece que busca un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que estudia la Asamblea Legislativa, a propuesta del Ministerio de Lucha contra la Corrupción. Según sus promotores, la idea nació de “los movimientos sociales” para luchar contra la corrupción.
En realidad, la idea es de la OEA, que en el 2010 aprobó un Modelo de Ley Interamericana sobre Acceso a la Información Pública que recomendó a sus países miembros para garantizar a su ciudadanía el máximo acceso a la información pública. Según el modelo, “la información en manos de instituciones públicas debe ser completa, oportuna y accesible”. Todo ciudadano puede ejercer su derecho de pedir información a cualquier autoridad sin justificar su pedido. Y obliga a las autoridades a divulgar toda información que afecta a la gente, salvo excepciones para resguardar el bien común.
El proyecto del gobierno interesa a todos. Pero aunque está en el legislativo, pocos lo conocen. Y por lo poco que conocemos, pone más obstáculos al acceso a la información que facilidades para obtenerla. Por ejemplo, limita el acceso a la “información respecto a estudios de impacto ambiental”, a la “que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida” y a “otras, determinadas por ley o Decreto Supremo”.
Empresas petroleras, mineras o madereras, por ejemplo, estarán felices. Será difícil conocer qué daño ocasionan a la Pachamama con la explotación irracional de sus recursos. Estarán también felices quienes tengan esa información “valiosa” para esas empresas. Demorar su procesamiento u olvidarla en un cajón puede ser rentable. Igual que aprobar un decreto para prohibir otro tipo de información. El espectro es grande. El proyecto habilita para calificar “información como reservada” a los cuatro órganos del Estado, la Procuraduría, las Fuerzas Armadas y la Policía.
Los aspectos puntuales se citan sólo en base a lo poco que se filtró. Pero el espíritu noble de la norma de transparencia y acceso a la información busca garantizar las libertades de expresión y opinión, que reconoce la Constitución. Esas libertades pasan por el acceso libre a la información. Coartarla conculca derechos constitucionales. Pero sobre todo, abre puertas a la corrupción cuya erradicación, según los argumentos oficiales, busca ese proyecto.
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