Sábado 27 de julio de 2013
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Los afanes de consolidar el poder total, por eso de que el fin justifica los medios, generan tendencia a adecuar cualquier norma a los intereses políticos coyunturales. Mejor aún, según esa tendencia, si adecuar la norma a esos intereses genera imagen de respeto a principios y derechos legales. No importa dejar el espíritu de la norma en el camino.
Eso más o menos parece que busca un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que estudia la Asamblea Legislativa, a propuesta del Ministerio de Lucha contra la Corrupción. Según sus promotores, la idea nació de “los movimientos sociales” para luchar contra la corrupción.
En realidad, la idea es de la OEA, que en el 2010 aprobó un Modelo de Ley Interamericana sobre Acceso a la Información Pública que recomendó a sus países miembros para garantizar a su ciudadanía el máximo acceso a la información pública. Según el modelo, “la información en manos de instituciones públicas debe ser completa, oportuna y accesible”. Todo ciudadano puede ejercer su derecho de pedir información a cualquier autoridad sin justificar su pedido. Y obliga a las autoridades a divulgar toda información que afecta a la gente, salvo excepciones para resguardar el bien común.
