Sábado 20 de julio de 2013
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No corren buenos tiempos para los economistas por el excesivo grado de trivialización con que se utilizan los conceptos económicos. El debate sobre la crisis contrapone dos visiones demasiado simplistas de la política económica: una, supuestamente progresista, favorece una amplia presencia del Estado en la sociedad, con gasto público elevado; otra, considerada conservadora, apoya el funcionamiento de los mercados frente al Estado en la asignación de recursos y la distribución de la renta.
En este contexto cabe analizar el enfoque europeo a la solución de las crisis de financiación de algunos países y la exigencia de reducir su déficit público de modo drástico e inmediato. Pero un análisis mínimamente riguroso requiere consideraciones adicionales que parecen olvidadas.
Las exigencias sobre el déficit público español surgen por la preocupación acerca de la posible necesidad de asumir una parte significativa del endeudamiento privado, como ha sucedido con instituciones financieras rescatadas. No se gana nada con prometer que tal rescate se hace a coste cero para comprobar luego lo evidente, que el coste es notable. Ni negándose a hacer explicito el coste de saneamiento desde el inicio. Tal reconocimiento puede generar una adversa reacción negativa dentro y fuera del país, pero la continuada incertidumbre puede conducir a largo plazo a costes acumulados mucho mayores. El tratamiento dado a la quiebra de algunas instituciones financieras ha sido muy inapropiado y ha generado una fuerte pérdida de credibilidad exterior.
