Una vez más salen a relucir con absoluta nitidez afanes político partidarios con el objetivo de copar la más importante institución cívica del departamento que no puede estar bajo la dirección de políticos y menos funcionar con el sustento partidista que emerge del oficialismo a través de funcionarios que responden a incitativas divisionistas y perjudiciales a los intereses regionales.
Parecía que esa costumbre de crear organismos paralelos había sido superada y que la vigencia legal de organizaciones representativas permitía interpretar y responder a las inquietudes de la comunidad, sin que exista interferencia que se oponga a los reclamos del pueblo que busca mejores condiciones de vida.
Por supuesto que un Comité Cívico respetado institucionalmente no puede callar una serie de postergaciones en la ejecución de los más caros anhelos y los más importantes proyectos para el desarrollo de su región. Eso es lo que sucede actualmente con una entidad cívica que ha puesto el dedo en la llaga e incomoda a las autoridades locales y nacionales que siguen postergando el cumplimiento de los objetivos regionales.
No ha gustado para nada al partido gubernamental la demostración de unidad y fortaleza de los orureños a través de su organismo supracívico en la defensa inclaudicable del respeto a sus derechos, sus héroes y sus instituciones, como sucedió con el nombre del Aeropuerto “Juan Mendoza” que se mantendrá invariable en el tiempo y el espacio.
Hay una serie de hechos que se postergan indefinidamente y que muy bien podrían ser resueltos con “voluntad política” que sin embargo queda ausente en el escenario regional, como la consolidación del Puerto Seco, actualización de leyes de incentivo a la instalación de industrias, una verdadera reactivación de la minería regional y la conclusión de la vía transoceánica hacia Pisiga, que podría quedar postergada por el entusiasmo gubernamental de habilitar la corriente de exportaciones e importaciones por el puerto de Ilo donde se concedió un espacio a Bolivia, pero cuyo aval parlamentario peruano todavía no se oficializó.
Estos y otros temas que se manejan en el contexto cívico incomodan a las autoridades que han visto como solución la creación de un organismo cívico paralelo, que sin embargo y desde su nacimiento, no cuenta, no tiene respaldo de la institucionalidad orureña, salvo algunas entidades reconocidas como afines o mínimamente seguidoras del partido gobernante.
Lo malo de esta negativa intención es que se busca dividir el movimiento cívico y no se quiere entender que en la actualidad se cumple un proceso de total apertura para democratizar la institución con un estatuto renovado, un próximo congreso departamental, previa la regularización de afiliaciones institucionales y de sus legítimos representantes que podrán participar como candidatos o electores en la próxima cita democrática para fortalecer el Comité Cívico.
La alternativa está abierta y antes que sostener un organismo paralelo y obsecuente con los lineamientos políticos oficiales, sus promotores, incluyendo algún parlamentario, deberían formalizar su vigencia para postularse en el momento debido y someterse a la voluntad democrática de quienes buscan consolidar un organismo que asuma la defensa de los intereses regionales de manera abierta y sin compromisos subalternos.
El Comité Cívico de Oruro mantendrá su independencia institucional y por tanto un grupo de personas con afinidad partidaria no puede vulnerar los principios democráticos de la máxima entidad supracívica departamental.
Fuente: LA PATRIA
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