La efervescencia política tan común en estos tiempos y una primavera “socialista-nacionalista-populista” que vivimos en Sudamérica y también en otras partes del mundo a puesto a la minería y de manera particular la megaminería en el ojo de tormentas políticas y afanes rentistas de varios países de la región y del mundo, que pretenden llevar la furia nacionalizadora y/o la cooptación del excedente económico que generan los grandes proyectos mineros a límites que muchas veces exceden lo racional pero, cosechan aplausos y laureles coyunturales que no dejan ver el largo plazo en el que -sin duda- se pondrán en peligro los mayores proyectos de aprovechamiento de recursos minerales, encarados en las últimas décadas en la región.
En el caso de nuestro país ya comenté en esta columna el proyecto de Ley Minera que pretende -para los proyectos mineros de asociación con el Estado- una participación en la utilidad final del 55% y en general, un nivel impositivo que asegure un “government take” mayor a 90% de la utilidad y que obligue a reinvertirla en el país. Estas medidas configuran una “camisa de fuerza” que dejará al operador sin posibilidad de competir y crecer frente a sus similares de otros países de la región con legislaciones más pragmáticas.
Como todo en estos tiempos se dispersa y en algunos casos hace “metástasis”, resulta que algunos países están implementando también medidas muy radicales de rentismo puro y duro dignas de mencionar pero quizás no de imitar; van dos joyitas: En Ecuador está en trámite una ley que gravará con un impuesto o regalía extraordinaria (Windfall tax en el lenguaje de estos tiempos) a los megaproyectos mineros en tiempos de altas cotizaciones de los metales, con el 70% de la utilidad final. La ley se aplica a límites de producción específicos: más de 1.000 ton diarias (tpd) en minas subterráneas, más de 2.000 tpd en minas a cielo abierto (open pit) y más de 3.000 tpd en minas con operaciones en aluviones. Cualquier operación menor se considera “mediana” y solo estará obligada a una regalía del 4% y a una participación estatal del 50,1% de la utilidad final, después de impuestos, contribuciones, seguros etc. Estas operaciones deberían tener permisos de uso de aguas y medio ambiental en un plazo no mayor a 6 meses, con lo que se acelerarán los trámites para obtenerlas e indirectamente se estaría fomentando este tipo de minería. El anuncio de la Ley ya ha derivado en la paralización del “mega proyecto” minero Fruta del Norte, FDN, de Kinross Gold Corp. (www.kinross.com 10.06.13).
En Argentina en la Provincia de Santa Cruz, la legislatura provincial aprobó un “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera” que grava las reservas bajo tierra, con una regalía del 1% sobre el valor de las reservas de mineral, calculadas con referencia al valor mayor de mercado del último día de cada gestión (www.hablemosdemineria.com.ar 02.07.13). Esta provincia tiene 50 áreas de proyectos de exploración, algunos de ellos han derivado en los mayores descubrimientos mineros de los últimos años (Cerro Vanguardia, Martha, Manantial Espejo, San José etc.) en una amplia unidad denominada localmente como Masivo El Deseado.
En los casos mencionados, incluyendo nuestro país, la coyuntura valió más que la sesuda planificación a largo plazo y la apropiación de la renta minera más que el futuro del flujo de inversiones. Como van las cosas lo más probable pareciera ser que en Ecuador se alejarán los megaproyectos y las minas medianas y pequeñas herencia del pasado, volverán a ser únicos protagonistas. Argentina, en el caso que comentamos, queriendo una mayor apropiación del excedente aún antes que este se genere, logrará paralizar un esfuerzo de años que podía poner a Argentina en las ligas mayores de la minería mundial. En nuestro país con similar juego de apropiación del excedente y con un menor potencial para grandes proyectos, si no se abre la “camisa de fuerza” mejorando el nivel impositivo cuanto lo permitan la Constitución y el proyecto de Ley Minera para hacer al país competitivo; volverán (Parafraseando a Fernando Ramírez Velarde), los románticos días de los “socavones de angustia” del siglo XIX de minería artesanal, de vetas angostas donde las cooperativas serán las que dominen un entorno donde un débil Estado productor luchará por despertar los elefantes blancos herencia de los siglos gloriosos de nuestra minería y donde los “megaproyectos” si alguno más se genera, serán rarezas en la geografía patria.
No sé si ese es el futuro que alguien pueda desear para el país pero, asegurar mayor renta para el Estado a cualquier costo en un mercado de minerales y metales tan volátil donde lo que ahora son reservas pueden a muy corto plazo perder esa categoría, donde un metal que es de primera necesidad en un par de años tiene un sustituto más barato y en un mercado de valores donde las inversiones solo van a proyectos muy avanzados (que no los tenemos) y a países de alta calificación en seguridad jurídica y clima de negocios; el intento de apropiación del excedente, puede convertirse en una peligrosa “ruleta rusa” de consecuencias impredecibles.
(*) Ingeniero Geólogo,
ex Ministro de Minería
y Metalurgia
fotito ing. Dionisio J. Garzón M.*
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