La deuda externa del país siempre fue preocupación del pueblo desde hace muchos años, especialmente porque casi todos los gobiernos contrataron montos importantes destinados a anunciadas obras de desarrollo y, en casos, hasta para cubrir déficits del presupuesto nacional. En los últimos años, esa preocupación alcanzó niveles muy altos por el hecho de las nacionalizaciones que implican, de todos modos, indemnizaciones y, en casos, hasta la devolución de los capitales invertidos originalmente.
El gobierno, al igual que la colectividad, seguramente se ve angustiado por el hecho de deber todo lo que se debe; pero, en casos superlativos, por las deudas contraídas por el país como efecto de la nacionalización de empresas desde el mes de mayo de 2006. Esta situación da lugar a que haya preocupación de las autoridades económicas, conjuntamente el Banco Central, para definir los diferentes tipos de deudas que tenga el país; en otras palabras, mostrar la realidad de lo adeudado a las empresas que han sido estatizadas, nacionalizadas o siquiera sometidas a cambios de contratos como es el caso de las petroleras.
No obstante esta situación, de tanto en tanto se anuncian nuevos préstamos y, lo más grave, la contratación de bonos soberanos que el país deberá honrar en su momento reconociendo los intereses ofrecidos y, en casos, comisiones y otros gastos que esta clase de negociaciones reportan. Los llamados bonos soberanos influyen grandemente en el proceso inflacionario del país porque cuanto más debamos más inflación habrá porque el pago de intereses implica mayor gasto para el Tesoro y, lógicamente, esos dineros son cargados en las espaldas del pueblo.
Nadie duda sobre el destino que se dice se dará a los montos prestados por organismos internacionales de crédito y por la banca privada extranjera; pero, la falta de información precisa sobre montos, intereses, comisiones y otros que demande la tramitación y logro de esos créditos, no siempre tiene la fluidez debida. Ello, por principio, da lugar a susceptibilidades en la población. En cuanto a los montos adeudados a las empresas confiscadas, nacionalizadas o estatizadas, no corresponden silencios que, más a la corta que a la larga, resultan perjudiciales para el mismo gobierno.
Hay que resaltar el hecho de que el Gobierno se ha convencido de la inutilidad de las nacionalizaciones o estatizaciones porque no han logrado los objetivos perseguidos y, por el contrario, han implicado problemas de gestión, de mejora en la producción, de incremento de utilidades y, lo más grave, se han convertido, en la mayoría de los casos, en simples agencias de empleo que no siempre han favorecido a los más capacitados.
Es preciso, pues, mucha claridad en este problema que implica estar acompañado de buenas dosis de susceptibilidad, así no haya razones valederas para ello. El gobierno, por su tranquilidad y hasta seguridad, debe ser muy claro con los asuntos del Estado que debe administrar.
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