Hay discrepancias en el sector de los partidos políticos que funcionan como tales con reconocimiento de organismo superior sectorial y entre los que se denominan simplemente como “movimientos ciudadanos” o temporalmente como organizaciones para políticas, pues funcionan apoyando algunas de las corrientes que se lanzan a la competencia en periodos electorales.
Hay una Ley de Partidos Políticos que se promulgó en 1999 y que no ha sido actualizada adecuadamente con otra que regule la actividad de las entidades políticas reconocidas y de otras nuevas que deseen incursionar en la arena política, o posiblemente de movimientos ciudadanos que consideren su estatus como adecuadamente aptos a las reglas de juego de los partidos políticos.
La Constitución Política del Estado (CPE), reconoce la actividad político partidaria, pero no la reglamenta adecuadamente de ahí que se confrontan algunas falencias en el trajín de estos organismos ciudadanos y de manera muy especial en la proximidad de elecciones generales, cuando estas agrupaciones muestren toda su habilidad organizativa en pos de lograr el voto mayoritario de la ciudadanía, pues de eso se trata el ajetreo de los políticos.
Es necesario que los partidos políticos asuman la responsabilidad de encarar una urgente revisión de la Ley en vigencia y plantear su reforma o directamente su renovación total, pero bajo reglas democráticas de ejercicio pleno de los derechos ciudadanos que permitan a todos por igual plantear, debatir, mejorar y aprobar una nueva Ley de Partidos que respete la libertad de organización y las actividades partidarias, en todo caso las de una oposición que estará en pos de alcanzar el poder, pero que debería hacerlo con el goce de todos los elementos técnicos y hasta financieros que sólo podrían beneficiar al partido del oficialismo si no se encara seriamente la aprobación de una norma para el trabajo político en general.
En el momento y a más de un año de las próximas elecciones es prudente escuchar a los políticos en sí, los que demandan libertades, derechos y sobre todo respeto a la condición de encarar cuanto antes las campañas proselitistas considerando que ya existen voces muy claras denunciando al partido oficial de aprovechar la estructura estatal y todos los actos que se realizan como parte de una abierta campaña política.
Es bueno que se definan las reglas de juego, por ejemplo en el caso del financiamiento de las campañas electorales, la obtención o provisión de los recursos financieros para todos los partidos en condiciones delimitadas por el reconocimiento ciudadano hacia cada “tienda política”, pero en igualdad de condiciones en el uso de los medios de comunicación del Estado, que no son precisamente del gobierno.
Hay que emitir normativas con la debida anticipación para que el organismo electoral tenga el suficiente tiempo de regular las próximas elecciones con una nueva Ley de Partidos o con la norma vigente que tiene muchas falencias y es de permisibilidad inequitativa de los actores (candidatos) políticos que no se atreven, salvo contados partidos, a enfrentar la estructura gubernativa existente.
Los partidos políticos están obligados a movilizarse cuanto antes, proponiendo las enmiendas que consideren necesarias para renovar la ley vigente tomando en cuenta que inclusive con los resultados del censo se presentará una nueva configuración del mapa electoral con variantes en varios distritos sobre la cantidad de habitantes y la percepción de recursos económicos, dos factores que pueden incidir en las próximas elecciones.
Fuente: LA PATRIA
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