Frente a los extremos protagonizados por diferentes sectores de la colectividad, surge en el país el criterio de que deberían cumplirse la Constitución y las leyes por ser los únicos medios capaces de conseguir orden, diálogo, comprensión de los problemas, entendimiento de las diversas posiciones tanto de gobernantes como de gobernados. La vigencia de las leyes es el único medio de convivencia, de entendimiento y armonía de los pueblos.
Muchas veces, los hechos negativos llegan a los peores extremos que dañan por igual a todas las comunidades del país así no intervengan directamente; pero, en las consecuencias, todos son afectados. El incumplimiento de la ley implica la vigencia del derecho de la fuerza que se pretende imponer sobre todos sin consideración alguna; es una fuerza desproporcionada porque no contempla ningún derecho y ninguna situación. La ley violada o violentada resulta ser instrumento de mayor disociación, desentendimiento, presencia de odios y complejos, mayor desunión y, de una u otra manera, llega a ser una práctica del libertinaje que se convierte en anarquía.
Quienes violentan las leyes no pueden alegar desconocimiento de las mismas o ignorancia de las posibles y seguras consecuencias que ello implique. Quienes actúan en el peor extremo de los conflictos y promueven bloqueos, lo que hacen es atentar contra el derecho de todos los habitantes del país y no sólo como medio de protesta contra las autoridades porque el bloqueo es una de las formas contumaces de practicar el terrorismo puesto que el desborde de los odios, revanchismos, complejos, sentimientos racistas y un desconocimiento de los derechos de los demás porque, quienes odian pierden la noción del bien común, de la unidad, de la caridad, del respeto.
La Constitución y las leyes constituyen la fuerza del Derecho para el gobierno y la vida de los pueblos; se contrapone al derecho de la fuerza como es la imposición de todo lo que es contrario al derecho de los demás y un boicot a todo el país. Quienes esgrimen derechos para hacer su voluntad sin consideración alguna por los bienes y derechos ajenos, automáticamente ingresan en los campos del delito y su accionar debería ser condenado y castigado por los juzgados encargados de administrar justicia.
Para la vida de todos los pueblos, de las comunidades en absoluta armonía y concordia, para la vigencia de todo bien que implique superación de todos los problemas, no hay nada mejor que la vigencia y fuerza de la Constitución y las leyes. Por ello mismo, gobernantes y gobernados deben ser salvaguardas de la libertad que es democracia, del orden que contempla el bien común y de la paz y tranquilidad que es derecho de todo pueblo.
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