Es mucho el tiempo que transcurre desde que prácticamente se oficializó la dotación presupuestaria para la construcción del recinto aduanero, fuera de la ciudad y ahora ya definida su localización en las proximidades de Caracollo en el desvío a Pasto Grande, donde alzará la infraestructura en los terrenos que han sido donados por la familia Suaznábar y que ya han sido delimitados con el alambrado correspondiente, aunque las obras en sí pueden demorar todavía un tiempo más en cumplimiento a la licitación en vigencia.
Lo importante es saber que existe la disposición de invertir 41,4 millones de bolivianos para la construcción de un moderno recinto en el que se incluirán oficinas de administración y lo más importante un espacio adecuado para la circulación y retención temporal de grandes camiones y tráileres que deberán ser objeto de minuciosa revisión aduanera. Se asegura también que otros 2,4 millones de bolivianos previstos para el proceso de supervisión de la obra, aspectos que se cumplirán de acuerdo al cronograma establecido y que puede arrancar entre julio y agosto toda vez que a fines del presente mes se podrá conocer a las empresas que se adjudiquen la construcción y supervisión respectiva.
Los predios que todavía ocupará la Aduana local en pleno centro de la ciudad debieron ser “canjeados” por terrenos que dispondría el Municipio para los fines de emplazar el recinto fuera de la ciudad, operación que no se cumplirá, aunque precisamente ahora, la Alcaldía necesita todo el espacio de la Aduana para la construcción del Mercado Central. Tendrá que ser seguramente una transacción comercial simple de compra y venta, aunque hay quienes se anticipan en señalar que los parlamentarios deberán jugar un papel de orden transaccional entre Aduana y Alcaldía para que no se perjudique el proyecto anhelado de tener un amplio mercado, pues el del recinto aduanero fuera de la ciudad tal parece que ya es un hecho.
De acuerdo a una versión parlamentaria, por la fallida operación municipal de entregar a la Aduana 20 hectáreas de terreno en la zona de Cala Caja con los trámites de rigor y documentación libre y alodial, no surtió efectos legales y tal falla se atribuye a responsables de la anterior gestión municipal que seguramente tendrán los descargos pertinentes para justificar lo que se califica como una pérdida en perjuicio de los recursos departamentales.
La inversión total de 43,8 millones de bolivianos está asegurada, según afirma el presidente de una importante comisión de la Brigada Parlamentaria al señalar que los recursos están consignados en el Presupuesto General del Estado para la presente gestión 2013 en base al contrato suscrito entre la Aduana Nacional y el sistema de Administración de Bienes y Servicios DAB.
Lo que importa es el cumplimiento de adecuadas gestiones por parte de las autoridades para evitar más contratiempos en el desarrollo de los planes que están demorados por muchos años, algo inconcebible si se piensa que son obras de amplio beneficio a la institución recaudadora como es la Aduana y que tiene recursos especiales para dotarse de la comodidad necesaria que también demandan los sectores que cumplen obligaciones de legalización de mercaderías, dejando un buen porcentaje a las arcas del distrito y el país.
Hay que insistir en buenas gestiones, sin más interferencias engorrosas en ambos casos, recinto aduanero y mercado central, obras prioritarias para mejorar la imagen de Oruro.
Fuente: LA PATRIA
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