Desarrollo e Impuesto Directo a los Hidrocarburos

En el estudio presentado por un grupo de economistas de la Universidad Mayor de San Andrés, respecto a las “Seis controversias de la gestión económica actual de Bolivia”, se hace una crítica a la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) hacia los gobiernos subnacionales, señalando que estos recursos no se transfirieron de manera proporcional a las nuevas responsabilidades y que por esta razón el Tesoro General del Estado no cuenta con la suficiente holgura fiscal.

Desde mi punto de vista al hacer esta crítica se olvida que la economía boliviana se insertó en un irreversible proceso de descentralización, no por nada el artículo primero de nuestra Carta Magna señala “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social… y con autonomías”. ¿Parece poco la responsabilidad de asumir 43 competencias en el caso de los gobiernos autónomos municipales y 36 los gobiernos autónomos departamentales, además de las 7 concurrentes y las 6 compartidas con el nivel central?.

Por desarrollo económico entendemos un aumento persistente en el bienestar de la población, que contempla factores tales como la calidad de vida, educación, salud, derechos individuales, entre otros, sin embargo, ¿se puede hablar de desarrollo cuando no se cuentan con los recursos?, la condición necesaria es la generación de la riqueza; el crecimiento, caracterizado por el proceso productivo y sus transformaciones, cuyos componentes son el capital físico, el trabajo (capital humano), el progreso técnico y los recursos naturales. En el caso boliviano debemos nuestro crecimiento principalmente al aprovechamiento de nuestros recursos naturales.

Partamos del hecho de que en la actualidad, contamos con la condición necesaria, hemos dejado atrás años de constantes déficit fiscales, existen mayores recursos para proveer bienes y servicios a la población; lo que corresponde hoy es transformar esos recursos en bienestar, en capital físico y humano que sea el motor del crecimiento para ingresar al círculo virtuoso del desarrollo; ¿Cuál la responsabilidad de las entidades territoriales autónomas en este proceso?

El 17 de mayo del 2005, en cumplimiento del referéndum de 18 de julio de 2004 sobre la política de hidrocarburos en Bolivia, entra en vigencia la Ley de Hidrocarburos, a través de la cual se recupera la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano y se dispone que el Estado retendrá el 50% del valor de la producción de gas y del petróleo, consistente en una regalía departamental del 11%, una regalía nacional compensatoria del 1% para los departamentos de Beni (2/3) y Pando (1/3), y una participación del 6% en favor del Tesoro General de la Nación (TGN); y un Impuesto Directo a los Hidrocarburos equivalente al 32% del total de la producción de hidrocarburos.

El 47% del IDH se distribuye entre los departamentos productores y no productores (incluye el Fondo Compensatorio a los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), de los cuales coparticipan los gobiernos autónomos municipales y departamentales, así como las universidades; el restante es destinado al Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas, el Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional destinado a la masificación del uso del gas natural en el país, Fuerzas Armadas de la Nación, Policía Nacional de Bolivia, Renta Dignidad entre los más importantes.

Con estos datos no queda duda que entre regalías y el IDH, los mayores recursos generados por la explotación hidrocarburífera es administrada por los gobiernos subnacionales. Revisemos las cifras.

Entre el 2005 y el 2012, los gobiernos autónomos departamentales recibieron por concepto de regalías hidrocarburíferas un total de Bs. 21.154 millones y por el IDH Bs. 10.646 millones, haciendo un total de Bs. 31.801 millones, equivalentes a $us 4.569 millones, cifra superior en cuatro veces a los mil millones de dólares de inversión extranjera alcanzados a finales de los 90.

En el mismo periodo, los gobiernos autónomos municipales percibieron por el IDH un monto total de Bs 22.161 millones, equivalente a $us. 3.184 millones de dólares, tres veces mayor a la inversión extranjera captada por la famosa capitalización.

Es importante recordar que la Ley de Hidrocarburos claramente señala que los ingresos nacionales provenientes de la exportación e industrialización del gas se destinarán principalmente, a la atención de la educación, salud, caminos y empleos; por tanto estos recursos no son destinados a los gastos de funcionamiento de los gobiernos autónomos municipales, ni departamentales.

Estos recursos han contribuido a que la pobreza se reduzca de 63% de la población en 2004 a 45% en 2011; no olvidemos que el 30% de los recursos del IDH son destinados al pago de la Renta Dignidad, además que gracias a estos recursos las niñas y niños bolivianas gozan del desayuno escolar, y miles de Adultos Mayores cuentan con un Seguro de Salud Gratuito (SSPAM), solo por mencionar algunos aspectos.

Invito a la opinión pública a reflexionar sobre esta política redistributiva y evaluar si corresponde asignar mayores recursos obtenidos por la explotación de nuestros hidrocarburos al Tesoro General del Estado en desmedro de los gobiernos subnacionales a través del pacto fiscal como proponen nuestros economistas investigadores de tan prestigiosa casa de estudio superior como es la Universidad Mayor de San Andrés.

Sin duda hay mucho que mejorar y una tarea pendiente es el fortalecimiento de las autonomías dando no solo recursos sino capacidades para que tanto alcaldías como gobernaciones sean capaces de generar el desarrollo nacional a partir del desarrollo local, no olvidemos lo que dice el economista británico W. Arthur Lewis, galardonado con el Premio Nobel de Economía, “El crecimiento de la producción depende, por una parte, de los recursos naturales disponibles y, por la otra, de la conducta humana”.

(*) Economista e investigadora