Desde aproximadamente 7 años atrás, que el conjunto de los habitantes de Oruro, venimos siendo testigos de uno de los malestares, -entre muchos que sufre nuestra ciudad. Los denominados avasallamientos, que tienen como actores principales a quienes se organizan para tomar, asaltar, arrebatar predios privados y tratar de obtener el derecho propietario mediante mecanismos de coacción, que son conocidos como avasalladores, término plural para entender que son muchos por un lado de los intereses y por el otro los que tienen derecho propietario pero que no lo gozan por varias circunstancias, ellos son los avasallados.
Se puede graficar este escenario como a una persona que tiene su alma, pero que no su cuerpo y el otro que tiene su cuerpo sin alma.
Lamentablemente aquella práctica de tomar predios ajenos, tuvo su mayor cúspide durante la primera gestión del MAS en el departamento de Oruro cuyo responsable el Sr. Aguilar Calle, dejó la herencia que tiene sus repercusiones hasta hoy, con una diferencia sustancial entre el pasado y el presente, que en el pasado sólo eran pocos los propietarios y muchos los avasalladores, organizados incluso en varios movimientos sin techo y hoy son muchos los avasalladores y muchos también los propietarios dispuestos a defender su derecho propietario, lo que genera una suerte de enfrentamiento cotidiano entre estos.
La gran herencia originada y consentida por el MAS, tiene otro componente que también es desnudado hoy, el de la visibilización de “ausencia de autoridad” política y administrativa que es reclamada con una serie de movilizaciones cotidianas de los vecinos, que antes respaldaban la acción del movimiento sin techo o de varios movimientos sin techo y que hoy exigen el retorno de la legalidad en Oruro, que sólo puede estar acompañada de la restitución del principio de autoridad, que lamentablemente se halla ausente en nuestra ciudad.
Las acciones de avasallamiento a lotes de terreno hoy también se han transformado a acciones de asalto a infraestructura, como es el caso de la Urbanización de La Prensa, donde las acciones ya no comprendidas como parte de la reivindicación de un Movimiento Social, pasan a ser una acción enteramente delincuencial.
A la falta de autoridad, se agrega la ausencia de normas municipales (plan de ordenamiento territorial) que coadyuven a la solución del conflicto y creer que penalizando y/o agrando la pena del delito de despojo dará fin al conflicto es una ilusión, máxime cuando se trata de nuevos delitos tipificados como tales no pueden ser aplicados con carácter retroactivo. La ley es para lo venidero, pero si es posible poner filtros que no permitan la burla en la administración municipal, donde se aprueban los planos de las urbanizaciones y los predios fragmentados (planos individuales), que hoy son permisibles y coadyuvan en el conflicto.
Las quejas de la alcaldesa Pimentel, en sentido que nadie quiere someterse al reordenamiento de la ciudad, son señales que afectan a la construcción de una ciudad modelo – en contrapartida es claro que no conocemos hacia dónde nos lleva la gestión municipal – aunque sus consignas nos dan luces que quiere lograr el renacentismo orureño.
Cuando hay avasallamiento sufren todos, avasalladores y avasallados, unos porque acceden a las tierras ilegalmente y deberán en algún momento de su vida legalizar su “posesión” y los otros que tienen el derecho propietario, que no tienen maneras menos onerosa de resolver su conflicto.
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