Se avanza en el tratamiento de algunos detalles y se postergan otros que son considerados clave para definir la ejecución del importante proyecto orureño de instalar su Puerto Seco. Realmente se trata de un anhelo que al cumplirse permitirá encauzar el verdadero desarrollo departamental.
Pero… hay más de un pero en el curso de las gestiones para legalizar la base misma de su vigencia, una necesidad imperiosa es la constitución de una Sociedad Anónima Mixta que debe reunir en su contexto a los representantes de los organismos que harán posible su vigencia, el caso de la Gobernación, Federación de Empresarios Privados, Servicio de Impuestos, Aduana, y delegados de ministerios que tienen relación con la actividad que generará el Puerto Seco de Oruro, entre otros.
Pero resulta que para cumplir ese objetivo se requiere de una ley específica que defina los objetivos de la Sociedad en sí para encarar las actividades del desarrollo productivo del Puerto Seco una vez que sean allanados los prolegómenos de orden legal.
Esta visión que se maneja actualmente en la Gobernación, no es un elemento nuevo en el caso del proyecto, fue una recomendación básica formulada hace mucho tiempo atrás e inclusive recomendada a parlamentarios orureños y más adelante a los asambleístas para que juntos dinamicen la elaboración y toda la gestión necesaria para tener el adecuado instrumento legal que abra la puerta de las operaciones siguientes hasta consolidar el Puerto Seco y ubicarlo en la dimensión de su operabilidad práctica.
Como un avance en esta cadena de entrabados trámites se menciona que la Gobernación legalizó –por fin– la propiedad de 60 hectáreas de terreno donde se alzará la infraestructura del Puerto Seco y cuya primera construcción será la del muro perimetral y posteriormente la infraestructura interior que cobijará las dependencias necesarias, como oficinas, depósitos, silos en su caso, garajes, plataformas de embarque y desembarque de mercaderías, además de las instalaciones necesarias para personal y servicios generales. Se trata en realidad de una obra monumental que debe empezar a construirse saneando cuanto antes ese primer elemento de conformar la empresa societaria que asegure su funcionalidad.
Ya se han realizado algunas inversiones (menores) las que justamente están en la mira de fiscalizadores, pero lo importante es que el aporte anunciado por la Gobernación consistente en 25 millones de bolivianos, para los trabajos iníciales de cercar terrenos y otros, sea efectivamente desembolsado de modo que paralelamente y por gravitación elementalmente legal y de justicia, se apruebe esa ley de formalidad de constitución de la empresa del Puerto Seco SAM.
Hay responsabilidades que atañen a nuestras autoridades, empezando por la Gobernación, su departamento legal, la comisión específica del proyecto, pero además la responsabilidad de asambleístas y de la Brigada Parlamentaria para encarar la confección y consolidación de la Sociedad Anónima Mixta, en la que tendrán mucho que ver los empresarios privados y las entidades coadyuvantes en el establecimiento urgente del Puerto Seco.
Ya es tiempo de eliminar esos detalles de forma y encarar el proceso de fondo para activar el más caro anhelo del Departamento, cuya vigencia en su caso debe movilizar a todas la fuerzas vivas de Oruro para agilitar un trámite que ya debió formalizarse hace mucho tiempo atrás y que sigue pendiente por falta de voluntad política y una decisión concreta de los orureños a través de sus principales organizaciones.
Fuente: LA PATRIA
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