La privación de libertad constituye una drástica, cruel y violenta sanción para cualquier ser humano porque genera una acción inhumana y más todavía si quienes deben cumplir esa reclusión lo hacen en condiciones de hacinamiento, sin contar con mínima comodidad ni siquiera un espacio para el aseo personal y lo que es más, expuestos a cualquier enfermedad, peligros propios del encierro y una flagrante violación de sus derechos humanos.
El tema por supuesto no es nuevo, porque me acuerdo que hace varios años escribí una crónica donde hacía conocer que “los internos del penal de San Pedro no se van, porque no quieren”, cuando ellos a pesar de sus reducidos ingresos que logran por algunos trabajos que realizan, compraban sus propios candados y entregaban junto a una copia de la llave a la Gobernación del Recinto Carcelario y otra quedaba en su poder, por si acaso los guardias de seguridad pierdan la otra.
Ese hecho motivó atención internacional puesto que nunca antes un preso había comprado su propio sistema de seguridad para no escapar. Se calificó lo sucedido como un acto de extrema responsabilidad para cumplir la sanción impuesta, aunque la mayoría de los encarcelados no tienen sentencia y cumplen una detención preventiva a la espera de una decisión judicial.
Los 575 internos del penal de San Pedro, 502 varones y 73 mujeres, estas últimas que conviven con sus pequeños hijos, unos 27 niños cautivos, porque no tienen sentencia ni están incluidos en ningún proceso judicial; todos deben soportar la penosa situación que se presenta por descuido de las autoridades departamentales y del sistema de Régimen Penitenciario, porque pese a existir un nuevo recinto carcelario, nada hacen por habilitar esa infraestructura que mínimamente podrá cubrir las necesidades de los reclusos en Oruro, que resultan ser víctimas de su propio encierro. La infraestructura de la nueva penitenciaría tiene deterioro prematuro y eso parece no interesar a nadie.
Así como relata un reportaje publicado en la edición de ayer domingo, los internos del penal de San Pedro conviven en medio de los chulupis –insectos transmisores de enfermedades- además deben soportar inclemencias del tiempo, porque al interior de las celdas de dos metros por dos, llueve más que afuera y en cada habitáculo deben dormir “uno sobre otro” en literas hasta ocho personas en ambientes en que debían permanecer sólo dos. La situación de las mujeres es más grave porque sus camastros son una base de maderas colocadas de forma improvisada para dormir entre varias junto a sus hijos.
En resumen la situación de los reclusos de la penitenciaría local se asemeja a vivir de forma constante en una cárcel del terror por las condiciones inhumanas, los obstáculos que cada día tienen que sortear y además la constante preocupación, como dicen los cristianos que aseguran que viven con el Jesús en la boca, esperando que no pase nada y que puedan ver un nuevo amanecer.
A eso se suman las bajas temperaturas propias de la época invernal que afectan a los internos que pese a tener resfríos y otras enfermedades deben dormir juntos en las escuelas, donde se concentra el mayor número de reclusos, con el consiguiente riesgo de contagio y la facilidad de provocar una epidemia a pesar de la alerta sanitaria declarada en la penitenciaría local, para prevenir esos casos.
La situación de los reclusos es por demás dramática, pero no sólo ellos sufren la falta de atención de las autoridades, sino también los policías destinados a realizar los servicios de seguridad en el Penal de San Pedro. Los uniformados están obligados a cuidar desde los garitos de vigilancia el penal y lo que es más deben permanecer por varias horas prácticamente a la intemperie soportando las inclemencias del tiempo y hasta la falta de servicios básicos como servicios higiénicos, energía eléctrica y hasta un lugar dónde pasar la noche para protegerse en la época invernal.
Al final, reclusos y policías de la penitenciaría soportan con estoicismo la dura condena que les toca vivir, que resulta ser peor que los trabajos forzados vigentes en otros países con diferente régimen carcelario, donde de acuerdo a la sentencia deben cumplir las penas. En cambio en Oruro hasta los inocentes con detención preventiva que aguardan una resolución judicial deben someterse a “trabajos forzados” de convivir diariamente en medio de la desesperanza y el hacinamiento por falta de adecuada infraestructura carcelaria.
Ojalá las autoridades tomen en cuenta esa realidad que afecta a más de medio centenar de hombres, mujeres y niños que viven en el olvido y desolación por circunstancias extremas que les obliga a soportar sin derecho a reclamo por las condiciones que les toca vivir y que no pueden realizarse como seres humanos, debido a que sus derechos son vulnerados y su rehabilitación eternamente postergada por las condiciones de habitabilidad que tiene el recinto carcelario.
(*) Periodista
lapalabraencarnada@gmail.com
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.