Para no entrar en la complicada consideración de las disposiciones que rigen en un país ordenado, bajaremos la situación sólo a ciudades con autoridades que saben lo que hacen, son parte de un conjunto de asesores, en nuestro caso de un grupo de legisladores, pero en todo caso conscientes de sus responsabilidades y plenamente capacitados para enfrentar el reto de mejorar las condiciones de vida de su comunidad.
Partiendo de esa estructura hay que entender que la aplicación de normas para regular el desempeño de la ciudadanía en todos sus sectores, debe ser el producto de estudios apropiados y consultas sociales ordenadas, evitando que criterios interesados disloquen la idea central de aplicar regulaciones de cumplimiento colectivo.
Se trata del ordenamiento correcto que permita regular las diversas actividades de la ciudadanía, desde el cumplimiento disciplinado de ordenanzas, que son instrumentos o leyes del municipio que se dictan para favorecer el desarrollo de todas las actividades en el amplio escenario de la ciudad en sí, tomando en cuenta el asentamiento urbano, las calles, plazas y parques, áreas verdes y de esparcimiento, los centros de abasto y la apropiada distribución de los servicios de transporte público que favorezca a la población en conjunto.
Hay muchos más elementos que entran en la planificación u ordenamiento del quehacer ciudadano, por ejemplo medidas que precautelen la seguridad de las personas y su comodidad en la calles, evitando la proliferación de puestos de comercio callejero y un adecuado ordenamiento del transporte público; evitando atentados contra la salud, por ejemplo por la contaminación ambiental y auditiva, la proliferación de perros callejeros, casos del aseo público y la estridencia de vehículos o parlantes en varias calles de la ciudad.
Lo que se evidencia es que una mayoría de las ordenanzas municipales no ordenan nada, pues o pecan de inoperantes, están desactualizadas o de manera deliberada son ignoradas e incumplidas, lo que produce un caos total que contribuye a exasperar el carácter ciudadano, apacible y resistente hasta cierto límite en que se rebasa las condiciones normales que produce la informalidad y la indisciplina.
Como soluciones algunos sectores de actividad comercial, sean gremiales o del transporte, sugieren reuniones conjuntas para “regular el asentamiento de puestos callejeros o la vigencia de rutas del transporte”. Se trata de actitudes que no condicen con las atribuciones que tienen las autoridades, que en su caso y cuando así amerite alguna circunstancia pueden convocar a delegados sectoriales para efectuar consultas y allanar dudas, pero en ningún caso para recibir instrucciones por medio de presiones.
Hay que establecer el parangón de obligaciones, de modo que cada quien en su cotidiana actividad se desenvuelva en un ambiente de tranquilidad y de mutuo respeto, sobre todo de acatamiento a las normativas superiores que se entiende deberán ser coordinadas oportunamente, pero no impuestas bajo condiciones de presión e interés sectario.
Las ciudades más ordenadas son las que cumplen normativas creadas para un mejor desarrollo de todas las actividades acatadas por la utilidad práctica que conllevan las instrucciones emitidas y porque las mismas son parte de un conjunto de leyes que armonizan la seguridad y comodidad de una población que se precie de disciplinada y respetuosa consigo misma.
Los niveles son claros, hay quienes disponen y hay quienes cumplen. En ambos casos las responsabilidades deben ser materialmente compartidas.
Fuente: LA PATRIA
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