El abuso sexual se convierte en amenaza latente para niños de ambos sexos y de la sociedad en Bolivia, por la impunidad que campea para violadores, mientras que autoridades judiciales no tienen instrumentos jurídicos adecuados para sancionar el delito y, el Gobierno está amarrado porque las acciones criminales son solucionadas con el matrimonio, la danza de dólares y el disentimiento de los afectados.
No existe un día que niñas y adolescentes se salven de la violación, especialmente en barrios periféricos de centros urbanos del eje troncal del país, incluso en provincias, por falta de seguridad policial y desatención de padres, junto a la habilidad de algunos malos abogados que defienden a rajatabla a delincuentes.
La infancia en Bolivia constituye la mitad de la población y es junto a las mujeres el sector más vulnerable por la pobreza, la falta de educación y la migración de padres y madres que dejan a sus hijos al cuidado de abuelos o parientes, abriendo caminos al abuso sexual.
Pese a existir leyes que protegen a menores, como el Código Penal y otros instrumentos legales e instituciones ligadas al cuidado de niños y niñas, el panorama no es alentador porque aquellas instancias en el orden local e internacional son rebasadas por la delincuencia y sólo anuncian que las violaciones van en aumento. Según la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en los últimos años hubo incremento del 35 % de denuncia de agresión sexual a menores de edad, porcentaje que aumenta, si se consideran los casos que no se denuncian por diferentes factores.
La institución defensora de la niñez y la División de Delitos Contra Menores de la Fuerza de Lucha contra el Crimen (Felcc), afirman que la mayoría de casos que tienen que ver con abuso deshonesto, estupro y violaciones son cometidos por algunos familiares, padrastros, primos o tíos; pero, de los casos denunciados, el 1 % llega a sentencia, porque las autoridades judiciales consideran que no tienen pruebas contundentes o los procesos prescriben, pese a que organismos policiales y familiares de afectados envían testimonios irrefutables a jueces.
Actualmente, el abuso sexual se encuentra presente en países industrializados y, peor, en vías de desarrollo como pobres en nuestro país, considerando que el control por parte de padres es menor, ya que ambos abandonan el hogar por el trabajo, la falta de educación social y de la sexualidad del individuo, sumándose a acciones patéticas como el tráfico y la prostitución infantil, junto al turismo sexual.
Estadísticas bien concebidas afirman que las principales causas son varias, entre ellas la pobreza en la educación de la sexualidad, falta de atención a la integridad de la familia -que se hace los hijos. También son componentes de esos delitos, la soledad infantil producto directo de la crisis social, la pobre legislación nacional que no garantiza los derechos del niño y del adolescente, como el pobre reflejo del significado de los derechos del niño en los medios de comunicación, muchos de los cuales promueven consciente o inconscientemente la cultura infantil deficiente a través de mensajes irresponsables.
Por más increíble que parezca, la impavidez reina en los casos de violencia contra menores. La justicia rechaza muchos delitos de estos casos por no contar con elementos de convicción, como cité más arriba o porque el médico forense no informó adecuadamente; al no existir esas disposiciones no se abre la investigación, pese a existir el delito de abuso deshonesto que es delito público; pero, si no existiera la denuncia la autoridad judicial "de oficio" está obligada a abrir proceso para evitar la impunidad del violador, para que éste camine con libertad para buscar nuevas víctimas. Debería existir menos burocracia o lo que se llama "chicanería" y acciones dilatorias para llevar a juicio a violadores hasta la sentencia final, porque aquel delito deja huellas imborrables en las víctimas y familias, junto a la amenaza latente para la sociedad.
(*) Periodista
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