Sucede que el último día de mayo pasado las nueve asambleas legislativas departamentales cumplieron tres años, así de rápido, y lo hicieron trabajando sin estatutos, quizá por tal razón es que en el transcurso de su irregular labor no han alcanzado beneficios concretos y específicos que se anoten como logros importantes de gestión solucionando problemas y satisfaciendo muchas inquietudes de miles de ciudadanos, ilusionados con alguna representatividad de sus provincias en el ente deliberante.
El gran desafío del gobierno al instalar las Asambleas era perfilar la marcha de cada región en base a los estatutos autonómicos que sean aprobados en corto tiempo, sin embargo por muchísimas circunstancias que se han presentado de manera especial en cada departamento y en diferentes circunstancias ese instrumento que norma el trabajo de los asambleístas no ha sido aprobado en el tiempo previsto y por tanto el funcionamiento de estos organismos resulta ilegal, así de claro, aunque los mismos representantes electos por voto popular quieran desconocer un hecho que si fuera considerado en la dimensión de su falla, todos, absolutamente todos sus actos del tiempo transcurrido son nulos de pleno derecho, así afirman los legalistas constitucionales.
Se sabe que sólo la Asamblea de Pando aprobó su estatuto, pero se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional, en tanto no sea reconocido, su validez está en duda, lo mismo sucede con los estatutos de Santa Cruz, Beni y Tarija que fueron los primeros en aprobar esos documentos que actualmente están siendo adecuados a la nueva Constitución Política del Estado y por tanto están sin aplicación práctica y legal.
En otra nómina están los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca en los que sus entes deliberantes siguen debatiendo el contenido de sus estatutos autonómicos, estos distritos están en mayor grado de irresponsabilidad que los otros, aquellos que se organizaron con ciertos estatutos que establecieron algunas reglas de juego que aún se cumplen y que sólo esperan la legalidad que confiere un tribunal superior, situación que demora un tiempo mayor del regularmente necesario, aspecto que ha sido denunciado como un deliberado perjuicio a la vigencia autonómica de aquellos departamentos que el 2008 promovieron la instancia de la autonomía para eliminar las causas directas del centralismo administrativo.
En el caso de Oruro se ha invertido un presupuesto para el trabajo de una comisión que intentó desarrollar su labor a partir de la recepción de sugerencias para organizar el estatuto autonómico, lamentablemente se han hecho muchos esfuerzos, se han gastado muchos recursos y ese importante documento todavía no muestra, por decirlo de ese modo, la contextura ideal que permita reunir sino todas, por lo menos las más importantes sugerencias que han sido entregadas en varias instancias por los representantes de lo que se conoce como la institucionalidad departamental, de la cual son parte todas las organizaciones vivas, las cívicas, laborales, empresariales, culturales, las genuinamente representativas del área provincial y los municipios cuyos representantes, más las autoridades en general, deben ser protagonistas del destino regional y su desarrollo sostenible.
Ya es hora de fijar tiempo límite para que los asambleístas presenten el estatuto autonómico que regule sus actividades y permita delinear y cumplir los más caros anhelos de progreso, en un ambiente de armoniosa convivencia y un plano equitativo de atención a todas las demandas de los orureños.
Fuente: LA PATRIA
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