Está claro que toda política de Estado precisa de estrategias de coordinación y de consenso para tener efecto en los niveles ciudadanos, pues de lo contrario generalmente falla y no funciona en la dimensión planificada para producir los cambios deseables que deberían servir para mejorar las condiciones de vida de la población, expectante de los resultados de un proceso proclamado, pero lamentablemente incumplido.
Un ejemplo que podemos rescatar es nuestro reclamo marítimo que está cobrando inusitado interés en esferas diplomáticas del continente desde que se ha presentado la demanda boliviana ante la Corte Internacional de La Haya y cuyo efecto en Chile ha obligado a sus ejecutivos estatales a buscar esquemas que hagan frente a la exigencia boliviana. Esa es una posición clara que adopta la diplomacia chilena.
En tanto y tras la definición boliviana para direccionar el centenario reclamo de Bolivia hacia un rumbo más directo y realista, tendremos que esperar no se sabe qué tiempo la resolución de la Corte de La Haya, tomando en cuenta que ese supremo organismo todavía no definió otra demanda que ventila sobre un tema de límites que planteó el Perú contra Chile y cuya determinación será de cierto modo determinante para entender el futuro de la demanda boliviana.
Mientras tanto nuestro gobierno hace esfuerzos denodados para mostrarse con particular amistosidad hacia el Perú esperanzado además en que después de más de dos años y posiblemente en julio venidero, el Legislativo Peruano ratifique el Protocolo de Ilo, que nos permitirá - por fin - acceder a la playa ya cedida en el gobierno de Alán García para que disfrutemos de ese espacio que hasta nombre tiene “Bolivia Mar” se llama, pero que todavía no podemos usar.
Se sigue insistiendo en una supuesta ventaja que tendrá nuestro país en el futuro una vez que tengamos el espacio necesario en el Puerto de Ilo, pero en tanto eso suceda hay que pensar con la “cabeza fría” y reconocer que no será tan sencillo trasladar los servicios de transporte de carga que se efectúan todavía en los puertos de Iquique y en Arica, este último en el que más bien deberíamos exigir el cumplimiento pleno de los beneficios descritos en el Tratado de 1904 que otorga facilidades y privilegios especiales a Bolivia para el tránsito de toda la carga de ida y vuelta que allí se genere.
En el Perú el uso de los puertos de Matarani e Ilo, de momento son tan sólo una alternativa más para apresurar el movimiento de carga, pero la carencia de la infraestructura apropiada en esas terminales no solucionará la intención de anular o minimizar el uso de los puertos del norte chileno, por tanto sólo complicamos las cosas por falta de una verdadera estrategia no sólo de tipo diplomática, sino más bien comercial y financiera, tramitando ante los poderes del Ejecutivo chileno el cumplimiento estricto de los beneficios consignados a favor de Bolivia para el uso del Puerto de Arica con las mayores facilidades y planteando como se hizo en algún momento la administración de ese recinto, considerando que el movimiento que allí se desarrolla tiene el mayor porcentaje de origen y destino para Bolivia.
Hay que asumir además que una Política de Estado sobre el tema marítimo no puede bajo ninguna circunstancia dejar de lado o restar importancia a un derecho que está claramente definido en el Tratado de 1904. Chile sabe muy bien de sus responsabilidades, no otra cosa significa que presurosamente habilitó el funcionamiento del tren entre Arica y nuestro territorio.
Fuente: LA PATRIA
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