Tenía que ser en Oruro donde dos Ministros de Estado dejaron claro que la suerte de los jubilados del país es más incierta que nunca, pues estos dignatarios aseguraron que “no existe plazo para modificar la Ley de Pensiones y no hay acuerdos firmados con la COB”. No han coordinado nada sobre un supuesto plazo que otorgó la COB de 30 días para negociar la situación, por tanto… simplemente no hay nada que posibilite un tratamiento urgente del delicado problema de las jubilaciones.
Indudablemente los ministros de Economía y Finanzas y de la Presidencia, dejaron clara su posición al señalar que están preocupados por solucionar los problemas existentes pero al no existir ningún acuerdo firmado entre partes (Gobierno y COB) simplemente se está dando lugar a evaluar los artículos observados en la ley, lo que puede prolongarse sin fecha establecida, porque tampoco los representantes del Ejecutivo reconocen el plazo de un mes que dispuso la COB, entidad que no oficializó ese planteamiento y el curso de la negociación estaría librada a la buena predisposición de las partes en conflicto.
El titular de Economía reiteró que el Gobierno presentó tres alternativas sobre el tema de pensiones y jubilaciones, en tanto que desde el mes de marzo la COB no hizo ninguna propuesta técnica y sólo rechazó las presentadas por el Ejecutivo, inclusive una que marca una alternativa solidaria de favorecer a los que menos ganan con un sistema inversamente proporcional, que dicho sea de paso se recibió de buen agrado entre los jubilados del sistema de reparto que son los más damnificados en este problema de mejorar las rentas.
El tratamiento de las pensiones y la ley sectorial pertinente baja en la efervescencia de los días pasados y reencauzar su agilización será una delicada tarea que deben encarar los dirigentes de la COB acudiendo esta vez a la voluntad de los ministros de Estado que hábilmente lograron reducir la tensión y en cierto modo desarmaron el esquema de protesta sindical, que resultará muy difícil reactivar, toda vez que su fuerza se reducirá al no contar con el apoyo del sector minero que tal parece no arriesgará imagen y mucho menos su condición salarial que servirá como base de la futura negociación para la jubilación.
Dadas esas características del asunto pendiente para arreglar pensiones y rentas de jubilación, los que quedan con el problema latente son los miles de ciudadanos que perciben bajas rentas y que deberán esperar paciente pero desesperadamente que los trabajadores activos a través de la COB y el Gobierno con sus ministros, vuelvan a la mesa de diálogo para definir una escala solidaria, justa y real para mejorar los niveles de los actuales rentistas.
Si bien el movimiento laboral de días pasados y lo que pueda venir adelante, tiene el objeto de asegurar las jubilaciones del futuro, es lógico que quienes actualmente perciben su jubilación calculada bajo otras condiciones, pero sustentada por el propio aporte de los jubilados que durante muchos años buscaron una renta justa, no están de acuerdo en que los ímpetus de la nueva generación laboral ponga en riesgo un fondo de pensiones que en todo caso debería ser incrementado solidariamente y de ningún modo disminuido o peor aún colocado al borde del precipicio.
Este es un asunto muy delicado y la solución debe ser alcanzada en una mesa de diálogo, en la que se incluya un espacio para escuchar también a los jubilados en función que son los más perjudicados con la prolongación de este conflicto.
Fuente: LA PATRIA
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