El Gobierno acaba de calificar como prioritaria la Ley del Organo Judicial, lo que nos insta a volver sobre el tema dado el determinante papel que desempeña la medicina forense sobre la administración de justicia y las por demás conocidas deficiencias en su desempeño actual y las limitaciones materiales.
Hace poco se tuvo que apelar a expertos extranjeros y algún caso tratado por profesionales nacionales ha quedado en inquietante duda. Es que la selección de forenses ha sido siempre irregular, notablemente politizada y compadrerío mediante.
No se sabe de un argumento sólido para haber pasado la dependencia de la medicina legal a la Fiscalía. Esto no quiere decir que la conducción por abogados que no entendían sobre los problemas médico legales fuera de desear.
Hace varios años, luego de visitar los Institutos Médico Legales de Santiago, La Habana y San José propusimos un proyecto de ley de creación del Instituto Médico Legal de Bolivia. Nadie escuchó. A nadie le interesó esta materia.
Por ese estudio hacíamos saber que las instituciones de gran envergadura dependían, los más, del Poder Judicial, siendo Cuba la excepción con dependencia del ministerio de Salud, pero con formidable desarrollo.
Decíamos que en los escasos países con dependencia directa del Ministerio Público se observaban visibles deficiencias.
En resumen, las instituciones sobresalientes gozaban de independencia funcional y eran dirigidas por médicos por demás capacitados.
Ese proyecto de ley fue recientemente revisado en San José de Costa Rica y presentado al gobierno actual con nota del emérito profesor Eduardo Vargas Alvarado. Dirigida al vicepresidente constitucional Alvaro García Linera, quien no contó con el tiempo necesario para considerarlo.
Con la mencionada decisión del Ejecutivo, se debe remarcar que este delicado capítulo, vital para la administración de justicia, no debe ser de tratamiento apresurado o superficial.
Para encajar adecuadamente al cambio de estructuras que se busca, deberá tomarse en cuenta, para empezar, que su conformación, tan compleja, requerirá de bastante tiempo, acaso años, por que se trata de todo un proceso. Sólo iniciar con la infraestructura para tantos aspectos quitará el sueño al más pintado. El laboratorio y la capacitación del personal serán preponderantes.
Las autoridades pertinentes y el personal que proyectará el cambio deberán valorar meticulosamente esos aspectos y el tiempo que se asignará para mejorar efectivamente la medicina legal en la medida que se busque mejorar la administración de justicia.
(*) Médico-Abogado
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