Una medida de presión de 48 horas realizada por transportistas del servicio público atentando contra los derechos ciudadanos, arrancó al Concejo Municipal un compromiso para trabajar en lo que algunos denominaron como reordenamiento del transporte de pasajeros en la ciudad, cuando en realidad se trata de un ordenamiento, pues hasta la fecha no hay una disposición específica que regule ese importante, pero al mismo tiempo caótico servicio público.
Hace muchos años comisiones especiales del Concejo trabajaron sobre este tema, lamentablemente sin mucha suerte para efectuar cambios en las rutas definidas al calor del entusiasmo y/o intereses de algunos sindicatos de transportistas y sólo en contados casos respondiendo al interés de los usuarios, especialmente de muchas juntas vecinales que han estado reclamando la presencia de los minibuses o micros del transporte de pasajeros.
Las autoridades de la Policía Operativa de Tránsito en muchas oportunidades expusieron sus observaciones sobre el “ruteo” dispuesto sin criterio de utilidad social por los transportistas, quienes además de manera autoritaria en la mayoría de las líneas realizan paso obligado por algunas calles, incluyendo la Plaza Principal, y como consecuencia de tal arbitrariedad generan un terrible embotellamiento en las llamadas “horas pico” en el gran centro urbano de la ciudad con los perjuicios consiguientes para la población, peatones, las movilidades particulares y el mismo transporte público que avanza muchas cuadras más lentamente que los ciudadanos de a pie.
La asignación de rutas para el transporte público debe responder a una planificación técnica en la que se tome en cuenta ejemplo, el crecimiento poblacional que se da en algunas zona de la ciudad y donde los requerimientos de los vecinos exigen mayor frecuencia en la circulación de las movilidades, debiendo establecerse rutas principales de norte a sur y las de este a oeste, combinadas con otras que puedan segmentar la ciudad en barrios de alta densidad demográfica y aquellos otros que con menos vecinos, también exigen con todo derecho la atención del transporte de pasajeros.
El asunto es sumamente delicado y obliga a un trabajo muy serio por parte de autoridades municipales, delegados del transporte público, de la federación de juntas vecinales de los técnicos de la Policía de Tránsito que deben asumir su rol del control práctico sobre el ordenado desplazamiento del transporte público en toda la ciudad.
Hay denuncias formales entre los propios transportistas, señalando que “algunos sindicatos” se adueñaron de ciertas rutas, impidiendo que otras líneas cubran parte del recorrido de los primeros con fines de mejoramiento de servicios y mayor cobertura de áreas urbanizadas de la ciudad. Los reclamantes aluden un dicho popular señalando “al perro del hortelano, que no come ni deja comer” y de esa pugna los damnificados directos son los vecinos.
Parece que la supuesta propiedad de las rutas es la causa del mal servicio del transporte público. Hay quienes sugieren que como en ciudades del exterior se uniforme con un solo color a estas movilidades y su recorrido se identificaría por números y letras, de modo que este sistema permitiría a los transportistas efectuar una rotación por todas las rutas y por periodos que determinen ellos mismos, de ese modo los vecinos tendrán un servicio permanente, garantizado sin pugnas sindicales o de cooperativas de transporte que alteran o suspenden cuando quieren la atención al público.
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