Una feliz y brillante decisión de la actual directiva del Comité Cívico de Oruro que antes de renovarse para próximas gestiones trabajará en la elaboración, análisis y aprobación de un estatuto que regule sus actividades y afirme la legalidad de sus intervenciones en toda suerte de participación que le toque desempeñar en el futuro.
Es evidente que se han manejado varios documentos a título de estatutos o reglamentos y los mismos preparados en un determinado tiempo y bajo circunstancias especiales han servido para que la entidad denominada supra cívica, por ser la única que representa a todos los sectores activos de la comunidad, tenga que actualizar su “carta magna” adecuándola además a las contingencias que obliga la Constitución Política del Estado (CPE).
Si hay algunos aspectos que son básicos en la elaboración de un Estatuto Cívico, sus principales elementos tienen que enmarcarse en la absoluta independencia institucional, en la pluralidad de su conformación y en la obligación y respeto que toda organización debe cumplir para ser parte activa, legal y representativa de cualquiera de los sectores institucionales del departamento.
En periodos de crisis se han movido fuerzas políticas con afanes destructivos para liquidar a la entidad cívica, situación que no se ha dado y no podrá practicarse más adelante, pues tales actitudes tendrán que ser parte de un reglamento que permita identificar y sancionar a los orureños que infieran daño a su máxima entidad cívica, la misma que además deberá ser manejada con absoluta seriedad, responsabilidad y en directa relación con su estatuto, el que al ser vulnerado producirá también una drástica sanción contra los responsables de cualquier afrenta a la institucionalidad cívica.
Se trata de principios básicos para poder encarar el trabajo de dotar al “civilismo” de una representatividad legal que permita asumir defensa de los altos valores institucionales que preservan la historia, las buenas costumbres y la visión de servicios comunitarios en la perspectiva del desarrollo sostenible departamental, que no podrá ser interferido por ninguna circunstancia política partidaria.
Hay mucho por hacer, pero la decisión del directorio en vigencia demuestra la sana intención de dotar a la entidad supra cívica de un documento actualizado que le garantice desarrollar su trabajo en el marco de la legalidad, preservando su independencia para asumir defensa de los intereses de Oruro o apoyando las iniciativas valederas que propugnen el desarrollo armónico de la región.
La otra faceta de esta determinación es la de llevar adelante una legal renovación del directorio al amparo de nuevas determinaciones que hagan posible a los representantes institucionales postular y elegir candidatos con el más amplio respeto a la institucionalidad y la práctica democrática que es atributo sólo de entidades regidas por normativas de justicia elemental.
De aquí en adelante – hasta septiembre – los dirigentes cívicos tienen la misión de cuidar la integridad del organismo cívico amenazado por corrientes políticas que están esperando la oportunidad de dañar o debilitar la estructura del civilismo organizado. Este proceso de actualización estatutaria debe ser muy bien controlado para evitar la penetración de elementos disociadores que ya han mostrado malsanos deseos de alterar la circunstancial renovación del directorio cívico.
Fuente: LA PATRIA
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