Miercoles 22 de mayo de 2013
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Los gobiernos constitucionales, ante situaciones conflictivas en el campo social, utilizan muchos medios para solucionarlos; pero, hay casos en que recurren a extremos ajenos totalmente a la Constitución y a las leyes que deben regir la vida nacional. Para los gobiernos de facto o ilegales, se hizo común en el pasado “dictar las propias leyes” y en conformidad con la seguridad del régimen y la vigencia plena del “partido”.
Felizmente, desde el año 1982, al haber retornado al sistema democrático, no se deben soportar los extremos; sin embargo, en los últimos años, ante la persistencia de conflictos, marchas, manifestaciones, exigencias de toda laya, ultimátums y hasta bloqueos, el Gobierno se sintió obligado a recurrir a extremos como en el caso Chaparina y lo que ocurre en los últimos quince días en que la convulsión social ha adquirido proporciones muy peligrosas.
Los últimos conflictos tienen cada vez más gravedad y pueden persistir y adquirir mayores dimensiones mientras el Gobierno no dialogue, concerte, convine, acuerde y, sobre todo, actúe conforme a las regulaciones de las leyes. Y cuando se habla de que la ley es el mejor camino para una convivencia pacífica, quiere decir que no solamente los protagonistas de los hechos deben cumplir sino que la referencia está a que también las autoridades tomen conciencia de que la única fuerza es la Ley.
