La secuencia de hechos de los últimos días, más de una semana, se produce en el orden que titulamos este comentario. Todo empezó con el porcentaje del aumento salarial para los trabajadores en general, con escalas diferenciadas y aplicadas a la masa salarial, pero también al mínimo vital con un añadido especial que se conoce como la escala “inversamente proporcional” lo que motivó la curiosidad de dirigentes sindicales para establecer los reales beneficios de tal oferta, que también tienen relación con los porcentajes que se destinarán para la cuenta especial de la futura jubilación.
Cada año y siempre al principio del mismo se hace imperioso el tratamiento del tema salarial considerando que los trabajadores son expectantes de una nivelación en sus ingresos para la compensación obligada con los costos de la canasta familiar y que por efecto regular del sistema económico que rige en la administración estatal, anualmente pierde su valor y se acomoda al proceso inflacionario vigente y al nivel del Producto Interno Bruto (PIB).
Esa explicación anual que depende del Ministro de Economía, casi siempre lleva al sector laboral a demandar un incremento salarial que compense la pérdida de su valor adquisitivo que regularmente se eleva en muchos casos desproporcionalmente, tanto así que no hay incremento salarial que pueda equilibrar lo que se percibe con lo que realmente se gasta.
Entonces surgen los reclamos y la costumbre gubernamental de antes y de ahora, prolonga por muchos días la consideración de los pliegos petitorios, rechazando las propuestas laborales, que por supuesto se encuadran a la realidad económica que vive el país, pero que de ningún modo puede nivelarse para satisfacer la expectativa laboral de la mayoría de sectores que siempre viven con un déficit presupuestario que obliga a muchas restricciones para poder salvar las condiciones decorosas de vida que se alientan en los hogares bolivianos.
A esos problemas, casi regulares en la mecánica financiera de la administración estatal, ahora se ha sumado con caracteres muy marcados el referido a la jubilación de los trabajadores y el derecho a gozar de una renta digna al dejar la vida activa y alinearse en el contingente de los jubilados, lo que no significa que debería bajar su nivel de vida, al contrario es cuando más necesita contar con una jubilación digna que sostenga la pareja y los derecho habientes, lo que lamentablemente no sucede con la mayoría de rentistas que cobran rentas miserables cuando el sistema favorece a muy pocos con pensiones millonarias y un sector con el reconocimiento del cien por ciento de haberes, lo que no se da en ningún otro segmento laboral, aunque los policías están movilizados para exigir iguales derechos al dejar de trabajar.
Lo grave del asunto es que esta cuestión de la jubilación apareja otras condiciones particulares, como el caso del planteamiento de los trabajadores mineros que exigen con fuertes medidas de presión el reconocimiento de una escala de salarios evidentemente superiores a otros que rigen para diferentes trabajadores y administrativos que se sienten defraudados con las demandas sectoriales y no globales que han convulsionado el país.
No se logró un punto de avenencia entre partes y lo que se exige con absoluto y razonable derecho es que en las negociaciones participen también los delegados de diferentes sectores laborales, pues el conjunto de medidas que puedan aprobarse deberán ser generales y no sólo utilitarias para un solo sector, inclusive es necesario que los representantes del sector de jubilados reciba una explicación correcta sobre la suerte que le depara el cambio en el valor de su futura renta. Se trata de aplicar un beneficio común y solidario que ojalá apacigüe el espíritu de beligerancia en un lado y de tozudez en el otro.
Fuente: LA PATRIA
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