La demanda de Bolivia planteada en La Haya

Como se anunció hace más de dos años, el 24 de abril de 2013 fue presentada la demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en procura de alcanzar una solución de la mediterraneidad de Bolivia que resultó de la Guerra del Pacífico de 1879. No fue, como muchos esperaban, una demanda de nulidad –muy difícil de lograr– del tratado boliviano-chileno de 20 de octubre 1904 que selló el enclaustramiento de Bolivia.

La demanda –ya aceptada–, por lo que se sabe, se basa en la “teoría de los actos propios o unilaterales”– o su equivalente “Estoppel”–, reconocida por “la Corte Internacional de Justicia de la Haya (que) ha señalado que un Estado puede asumir obligaciones jurídicas por medio de una declaración unilateral cuando su intención ha sido obligarse de acuerdo con sus términos” y, por tanto, tendría que cumplir lo que antes aceptó. Chile, por lo menos en tres oportunidades, estuvo ostensiblemente dispuesto a una solución de la mediterraneidad, cediendo a Bolivia una salida soberana al mar. En 1950 y 1975, se trató de una franja al norte de Arica, paralela al límite peruano-chileno que se conoce como la Línea de la Concordia. Y, de ello –pese a que el presidente Sebastián Piñera machaconamente se esfuerza en afirmar que nunca Chile estuvo llano a una cesión a Bolivia de un territorio con soberanía–, hay constancias escritas:

1. “…mi Gobierno (…) está llano a entrar formalmente en una negociación directa que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico… (Nota del canciller de Chile, Horacio Walker Larraín, dirigida el 20 de junio de 1950 al embajador de Bolivia en Santiago, Alberto Ostria Gutiérrez).

2. La disposición chilena a negociar una salida “propia y soberana” al Océano Pacífico de Bolivia, fue reiterada en el memorándum de 1961, entregado a la Cancillería boliviana por el embajador de Chile en La Paz (1958-62), Manuel Trucco Gaete.

3. Con mayor precisión, en la nota de 19 de diciembre de 1975 suscrita por el canciller chileno Patricio Carvajal Prado al Embajador de Bolivia en Santiago, Guillermo Gutiérrez Vea Murguía, se dice: “Chile estaría dispuesto a negociar con Bolivia, la cesión de una franja de territorio al Norte de Arica bajo la Línea de la Concordia...”. Y continúa con detalles sobre el alcance de la propuesta.

Habrá que tomar en consideración que, si la Corte resolviera “obligar” a Chile a negociar de buena fe lo que más de una vez estuvo dispuesto a ceder, no podría tratarse razonablemente de una fórmula que divida el actual territorio chileno. Es más: como lo señala la demanda es de una “salida”, lo que supone una franja bajo la soberanía boliviana que vincule ininterrumpidamente el actual territorio de Bolivia con el Océano Pacífico. No se considerarían, entonces, los accesos limitados al mar que ofrecerían los enclaves. Si esto fuera así, la fórmula de solución tendría que coincidir con los planteamientos bolivianos –expresamente aceptados por Chile– de 1950 y 1975.

De lo anterior, surge la primera pregunta: ¿La demanda boliviana presentada a la Corte de La Haya apunta a obligar a Chile a negociar la cesión de una franja al Norte de Arica? Si esto es así, se trataría de un territorio sujeto a la aquiescencia peruana, puesto que el protocolo adicional al tratado chileno–peruano de 3 de junio de 1929, establece: “Los gobiernos del Perú y de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia (léase Bolivia) la totalidad o parte de los territorios (Tacna y Arica) que, den conformidad con el Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías…”

Que se sepa, el Perú no ofrece, ni ha ofrecido en el pasado, aceptar una eventual cesión chilena a Bolivia de una parte de Arica que antes de la guerra de 1879 fue una provincia peruana. Es más, no se le puede aplicar, en este caso –tampoco es el demandado–, la doctrina de los “actos propios o unilaterales”. En 1975, el Perú, consultado por Chile sobre su intención de ceder a Bolivia una franja territorial soberana al Norte de Arica, propuso, en cambio, que se establezca frente al mar una zona con soberanía compartida por Bolivia, Chile y el propio Perú, lo que fue rechazado por Santiago. Lo que se debe tomar en consideración –ciertamente es un antecedente- es que Lima aceptó la transferencia territorial a Bolivia de un corredor que llegaría hasta la zona “tripartita”. ¿Esta sería, en el caso de que Perú nuevamente la proponga, la solución que nos satisfaga y que a su vez la acepte Chile? Aun en el caso de la aplicación de la ya mencionada doctrina de los actos propios, ¿Chile estaría obligado a aceptar la “solución peruana” que ya rechazó y no fue parte de su anterior disposición? ¿Se podría persuadir a Lima con una sostenida acción diplomática que, con una solución a la mediterraneidad por el Norte de Arica, no sólo acabaría con el rescoldo de un doloroso conflicto, sino que también haría posible el concurso de los tres países en procesos de integración tripartita y creación de polos solidarios de desarrollo?

Mientras tanto, el presidente de Chile Sebastián Piñera insiste: “No vamos a ceder soberanía a ningún país porque nuestro territorio, nuestro mar, nuestra soberanía nos pertenece legítimamente a todos los chilenos”. Que se sepa, nadie amenaza la soberanía chilena, menos aún Bolivia. Por su parte, la candidata a la presidencia de Chile, Michelle Bachelet, dijo que la demanda boliviana es un error porque se abandona el diálogo. ¿Es que alguna vez, cuando fue mandataria, estuvo dispuesta a negociar con Bolivia una salida soberana al Pacífico?

Todavía es temprano para despejar interrogantes y dudas, entre ellas si el gobierno de Bolivia planea o se propone una sostenida acción diplomática, encomendada a profesionales, para persuadir al Perú a que, en su caso, acepte la fórmula del “corredor para Bolivia”.

El agente de Bolivia en la Corte de La Haya para la demanda a Chile, el expresidente de la República, doctor Eduardo Rodríguez Veltzé, cuya designación para dirigir el curso de la demanda boliviana es un gran acierto, pues es uno de los más prestigiosos y serios juristas del país, que nunca incurrió en estridencias demagógicas, ya nos ha advertido que estos procesos duran mucho tiempo; “de tres a cuatro años”, dijo. En efecto, el actual pleito entre Perú y Chile por los límites marítimos que se sigue en dicha instancia judicial, se inició el 16 de enero de 2008 y, hasta ahora, más de cinco años después, todavía no se ha dictado sentencia.

Por lo visto, nuestra demanda contra Chile “tira para largo”.