La entrega de obras y el apresuramiento por “efectuar el gasto” previsto para la pasada gestión en el Plan Operativo Anual (POA) 2009 de las instituciones estatales, deja a Oruro con proyectos inconclusos, mal terminados y una mayoría de ellos sin control de calidad, lo que supondrá más gasto al futuro.
En el mes de diciembre del pasado año, como ya es habitual, los habilitados de las reparticiones públicas agilizaron el desembolso de las partidas presupuestarias para lograr una “buena” ejecución financiera, sin importar la ejecución física que es la que cuenta y debería ser la base para efectuar el pago de las planillas, según el avance de las obras y previa inspección y certificación de lo construido.
Sin embargo, eso no ocurre así y se advirtió que las principales autoridades del departamento, hasta con desesperación, quisieron entregar las obras, tal el caso del distribuidor vehicular de la Avenida 24 de Junio, que sin haber sido completada su construcción porque falta un acceso, ya figura con recepción provisional, pese al rechazo y cuestionamiento de los transportistas y dirigentes cívicos.
La misma doble vía de la Avenida 24 de Junio está incompleta, pero la Prefectura del Departamento considera como “obra concluida” pese a no tener señalización, adecuada iluminación y sus ingresos, en la intersección con la Avenida del Ejército y con Vinto. Esa obra considerada como proyecto estrella, es clara muestra de una pésima administración prefectural que aprovechando la confianza otorgada por el Presidente de la República, permite librar al servicio público “como sea” la doble vía y el distribuidor vehicular.
Que estos meses que les queda a los actuales administradores del Gobierno Departamental, sirva para corregir sus errores, garantizar que el Servicio Prefectural de Caminos tenga adecuada provisión de carburantes para ejecutar los proyectos viales y que la fiscalización de las obras se cumplan según contrato y de acuerdo a normas, no solamente para “efectuar el gasto” sin que exista avance físico.
Si los recursos de las instituciones públicas fueran de libre disponibilidad al margen de lo establecido y reglamentado por la Ley 1178, todos podrían gastar a su libre albedrío, pero el sistema de administración y de control fiscal exige actuar con responsabilidad para tener un correcto detalle de los desembolsos por anticipos y pagos realizados a contratistas o las empresas, que dicho sea de paso en su mayoría pertenecían a una apócrifa e ilegal cámara integrada de empresas constructoras.
Así todas las reparticiones del Estado deben contar con información confiable de las cuentas que manejan, para incluir en los registros contables a fin de realizar el control y seguimiento correspondiente. También se podrá mejorar el control de adquisición de materiales y suministros, con un adecuado registro de la existencia de estos bienes en almacenes y lo que es más importante, tener un muy bien llevado registro por los ingresos provenientes del pago de regalías mineras, como el adecuado control de asistencia del personal.
Si hay “voluntad política” de las autoridades para reconocer que la falta de conocimiento les hizo cometer serios errores, ahora deben enmendar con adecuado manejo y buena administración de los recursos económicos, para evitar más perjuicios a los orureños que esperamos mínimamente que cumplan con su función de manera responsable y honesta. Ojalá así sea mientras esperamos la elección de nuevas autoridades.
(*) Periodista
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