Si marcha el compromiso que implícitamente acodaron los asambleístas del oficialismo y la oposición para trabajar juntos en la búsqueda de consensos que faciliten la aprobación de un gran paquete de leyes, adecuando tales normas a las expectativas de todos los sectores ciudadanos, es posible que se hable simultáneamente de respeto a la democracia y la justicia.
Los asambleístas de algunas brigadas en las que el partido oficial no logró la mayoría deseada, caso de Santa Cruz por ejemplo, han propuesto una labor que evite la conflictividad y asuma la actitud propositiva para alcanzar una serie de acuerdos que sumados a buenas intenciones se conviertan en esas leyes que los bolivianos de todas las regiones están esperando para mejorar sus condiciones de vida, en una propuesta de cambio social.
El partido de gobierno tiene una ventaja para manejar “los dos tercios” en la Asamblea Legislativa Plurinacional y se supone que acudirá a esa instancia cada vez que desee aprobar disposiciones, medidas y reglamentos que sean considerados como necesarios para la aplicación de la nueva Constitución, esa será la instancia en que se valore el deseo del debate abierto para recoger las sugerencias de la otra parte ciudadana que espera la habilidad de sus asambleístas para incorporar lo estrictamente necesario en cada nueva ley.
Si se permite el diálogo y se evita la confrontación puede darse paso a un trabajo respetuoso entre una mayoría inobjetable y una minoría reconocida y ambas con el derecho de opinión en la más amplia dimensión de legislar democráticamente.
Proposición y concertación deberán ser parte fundamental del nuevo escenario legislativo en el que se diriman las propuestas de las dos parte de una sola Bolivia, en este caso de esa mayoría incuestionable que, sin embargo, sabe de la existencia de otra corriente que no por ser la minoría hubiera perdido sus derechos a representar a ciudadanos que también son parte de la nacionalidad.
Un tema crucial en el inicio de las tareas legislativas será con seguridad el referido al proceso de las autonomías que por los resultados ya conocidos se ha generalizado en todos los departamento aunque algunos, los que aceptaron recientemente el modelo, no coinciden en las perspectivas de los primeros que impusieron su sistema y lo defenderán con fuerza regionalista, lo ideal será que se aprovechen experiencias y se rescate lo mejor de cada propuesta para que juntas sean parte del cambio de sistema que anula el centralismo.
Por lo menos en el caso del occidente las cosas tienen matiz oficialista, pero no por eso se pueden ignorar posiciones de orden institucional que han reflejado las verdaderas inquietudes del pueblo, caso de Oruro y Potosí que cambiaron sustancialmente su pasada actitud reconociendo que el centralismo no va más y hay que abrirse al proceso de las autonomías, pero de orden estrictamente regional y sin presiones partidarias de ninguna clase.
El respeto a las decisiones de la población, y no del partido, debe ser reconocido por los parlamentarios para obrar en el plano de la equidad y la razón, es decir dialogando y concertando; sería un gran comienzo en el nuevo esquema de la Asamblea Legislativa.
Fuente: LA PATRIA
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